El Tribunal Superior de Bogotá declaró legales las interceptaciones a Álvaro Uribe en el caso de Diego Cadena

Los audios e interceptaciones que la defensa de Cadena esperaban fueran desestimados, ahora podrán ser parte del juicio en donde se buscará conocer si el abogado, presuntamente, sobornó testigos a favor de Álvaro Uribe

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Aunque para la Fiscalía y la defensa de Cadena los audios eran ilegales, fueron confirmados por el Tribunal Superior de Bogotá como legales, por lo que ahora podrán ser usados en el juicio.  (Colprensa - Camila Díaz)
Aunque para la Fiscalía y la defensa de Cadena los audios eran ilegales, fueron confirmados por el Tribunal Superior de Bogotá como legales, por lo que ahora podrán ser usados en el juicio. (Colprensa - Camila Díaz)

Diego Cadena se hizo famoso por ser el apoderado del exsenador Álvaro Uribe, esa relación cliente-abogado fue la que resultó llevando tanto al togado como al exsenador ante la justicia, pues gracias a unos audios que se conocieron se abrió un proceso por un supuesto soborno a testigos. Esos audios, aunque para la Fiscalía y la defensa de Cadena eran ilegales, fueron confirmados por el Tribunal Superior de Bogotá como legales, por lo que ahora podrán ser usados en el juicio.

Los audios e interceptaciones que la defensa de Cadena esperaban fueran desestimados, ahora podrán ser parte del juicio en donde se buscará conocer si Diego Cadena, presuntamente, sobornó testigos a favor de Álvaro Uribe. Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 3 Penal de Conocimiento de Bogotá, que es el encargado de llevar el caso, deberá vincular y tener en cuenta las comunicaciones que se registraron entre el exsenador Uribe y su entonces abogado Diego Cadena.

Las interceptaciones fueron recopiladas por la Corte Suprema de Justicia cuando Uribe Vélez se desempeñaba como senador de la República; incluso, esas mismas intercepciones fueron las que llevaron a que a Uribe se le ordenara prisión domiciliaria.

“Es decir, se trata de evidencias obtenidas mediante orden judicial, y en consecuencia, de forma completamente lícita y legal, tanto más cuanto que así fue declarado por la misma Corte Suprema en auto del 3 de agosto de 2018″.

Según el documento, para el Tribunal las pruebas deben ser incluidas, pues la Corte Suprema las obtuvo legalmente a través de una orden judicial, aunque en el Código Penal se establece que no se pueden interceptar comunicaciones entre un defensor y un investigado, para el Tribunal, en el momento en que se recopilaron los audios, Cadena no cumplía con el rol de abogado del exsenador, pues se buscaban indicios sobre una posible complicidad del abogado para, presuntamente, torcer testigos para hablar a favor de Uribe en casos por un supuesto apoyo al paramilitarismo.

“Con relación a los informes que contienen la transliteración de las interceptaciones, no hay duda de que, habiéndose decretado las respectivas grabaciones, en línea de principio, tales medios serían superfluos. No obstante, siendo más simple, sencillo y ágil tanto la práctica como el manejo y el estudio de las transliteraciones que lo atinente a las grabaciones, para la Sala, razones de celeridad, aconsejan autorizar su incorporación”, aseguró el Tribunal Superior de Bogotá en el documento.

Aunque Diego Cadena se encuentra en libertad por vencimiento de términos desde julio de 2022, el juicio en su contra continua por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El juicio comenzó cuando se conoció que al exparamilitar Carlos Enrique Vélez le habría entregado hasta 200 millones de pesos para que testificara a favor del exsenador Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda en procesos relacionados con las autodefensas.

También se conoció que Diego Cadena le habría ofrecido beneficios propios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo de los supuestos vínculos de Uribe Vélez con las autodefensas.

En octubre de 2022, la Comisión de Disciplina Judicial del Valle suspendió la tarjeta profesional a Diego Cadena por las acusaciones donde, supuestamente, gestionó el cambio de declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, en la cárcel de Palmira.

“Se probó que los abogados estuvieron previamente visitándolo en la cárcel; que posterior a ello se empezaron a realizar pagos mediante giros a su entorno familiar y personal y que las cartas contenían falsedades”.

Para la Comisión, las cartas que envió Vélez se debieron a una “promesa remuneratoria”, por lo que siempre supo que le iban a pagar por su colaboración para, supuestamente, beneficiar al exsenador Álvaro Uribe.