Reforma a la salud: estas son las siete preocupaciones de las EPS

Aunque no se conoce el texto final del proyecto de ley de la reforma a la salud que el Gobierno nacional presentará al Congreso de la República para reestructurar este sistema, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud) elaboró un análisis técnico a algunos puntos que trascendieron del proyecto de ley. El mensaje, según el gremio, es claro: la reforma a la salud pondría en riesgo muchos de los avances alcanzados por el país en los últimos 30 años.

Al respecto, Gestarsalud, que agremia a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) del régimen subsidiado, advirtió siete preocupaciones. Son las siguientes:

Se eliminan las EPS y se crea un monopolio público con alto riesgo de corrupción

El proyecto de ley establece que sea el Estado, por medio de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el que de forma descentralizada administre los recursos públicos de la salud. Esos dineros, sagrados, se asignarían a unos fondos regionales que pagarían de forma directa por las atenciones.

De acuerdo con este, se regresaría así a muchos de los problemas del seguro social, que en su momento no fue capaz de gestionar la salud de tres millones de personas, pero ahora sería peor porque la Adres, que no sabe ser EPS, tendría que responder por la salud de 51 millones de personas.

Según esta, la plata de la salud estaría expuesta a las dinámicas de la política local. Para reemplazar la función de las EPS aumentarían la burocracia estatal y los cargos públicos, así como el riesgo de corrupción y politización.

Solo habría una única puerta de entrada que aumentará los tiempos de espera y causará más congestión

La puerta de entrada de una persona al nuevo sistema será su Centro de Atención Primaria (CAP) en salud. Cada uno prestaría servicios básicos a entre 20.000 y 25.000 personas. Todos los ciudadanos deben registrarse en el CAP más cercano a su casa. Los pacientes que requieran atención con especialistas serán remitidos desde el CAP a los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que hagan parte de la red.

Con la reforma, agrega, para que el usuario sea atendido solo puede ir a un CAP en el que tendrá que inscribirse junto a su familia. Es decir, tendrá que hacer todo ese trámite de empadronamiento y perder la afiliación que ya tenía con la EPS. Y así cada vez que se cambie de casa o municipio.

En el análisis se alerta que para cubrir la promesa de un CAP por cada 25.000 personas se necesitarían más de 2.000 en todo el país.

Estos CAP solo prestarían servicios ambulatorios de baja complejidad. Entonces, si el usuario requiere hospitalización o citas con especialistas o exámenes especializados el CAP le daría una orden para ir a un hospital o prestador que sí tenga la capacidad de hacerlo, pero no se sabe cómo se va a garantizar seguimiento para que usted sí sea atendido. Hoy las EPS sí están obligadas a conseguirle su cita y si no se la dan en un hospital, se la consiguen en otro.

No habrá bolsillo que aguante

Las EPS subrayan que se plantea un esquema donde se prestan servicios con un pagador único sin incentivos para racionalizar y un tarifario único que puede ser perjudicial.

A su vez, que la plata de la salud es limitada y con la reforma no se sabe quién la controlará. Según estas, no habrá bolsillo que aguante porque sin las EPS se gastará mucho más que ahora. Por eso, puntualizan que las EPS permiten que el sistema sea sostenible y son aliadas de las finanzas públicas al hacer compras inteligentes y auditoría.

Precisó que los pagadores sin control han sido probados y resultaron un desastre. Algunos ejemplos: la libre adscripción del Instituto de Seguro Social que quebró la entidad entre 1997 y 1998, la atención a la población desplazada en el 2001 que casi quiebra al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud de Colombia) en seis meses, los recobros no POS (sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud) que desbordaron los fondos nacionales y departamentales y llevaron a casos de corrupción en la Nación y en el orden regional, como el cartel de la hemofilia y el de la salud mental.

Eso sin contar que a los CAP le van a pagar unos dineros por las personas inscritas, pero no cubrirán todos los servicios y menos los más costosos, como los tratamientos, medicamentos y cirugías que tendrán que prestarse en otras entidades.

Sistema de información único que desconoce la historia

Otra preocupación para las EPS es que el proyecto de ley contempla la creación de un sistema único de información, pero no interoperable ni aplicable a la realidad de muchas regiones.

Sobre este asunto, las EPS manifestaron que lo que se necesita, más que un sistema único, es que toda la información existente sea interoperable, incluida la historia clínica, como no sucede hoy.

“Empezar de cero nos devolvería 40 años en la tecnología. Con reforma o sin ella se deben actualizar permanentemente los sistemas de información y no crear uno nuevo. Y en todo caso, esta propuesta desconoce la brecha digital de muchas regiones donde la conectividad no se ha garantizado o simplemente no existe”, afirmaron.

Falta de participación

El proyecto de ley contempla los dos ámbitos de la participación que están contemplados en la Ley Estatutaria de Salud. En este punto, las EPS puntualizaron que, por una parte, debe garantizar la autonomía en la toma de decisiones del paciente y la participación en las decisiones del sistema de salud.

Aquí, insistieron en que el derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud que lo afectan o le interesan. Señalaron que ninguna de estas premisas está presente en la construcción de la reforma.

Recordaron que con la reforma tributaria, por ejemplo, se conoció el articulado antes de llegar al Congreso de la República y desde allí se formaron consensos.

“Negar ese acceso es quitarle legitimidad al proyecto de reforma. Nunca antes un proyecto de reforma a la salud había negado la posibilidad de escuchar a los otros y llegar a consensos”, anotó Gestarsalud.

Laboralización de los trabajadores de la salud

Asimismo, apuntaron que el proyecto propone la laboralización de trabajadores de la salud mediante las cuatro modalidades que ya contempla el Código Sustantivo del Trabajo.

Según el gremio, plantear esta formalización necesita un diagnóstico claro de la situación actual del THS, un plan y una financiación sostenida.

Gobernanza del nuevo sistema de salud

El Proyecto de ley, añade Gestarsalud, plantea una nueva gobernanza del sistema de salud con el renacimiento del Consejo Nacional de Salud y otros consejos departamentales y municipales, que ejercerán la función de autoridad sanitaria en el territorio correspondiente.

Con esto, concluyen, el Consejo Nacional de Salud será una instancia de dirección del sistema, adscrita al Ministerio de Salud, con autonomía decisoria y estaría integrado por 37 miembros.

“Retomar el Consejo Nacional de Salud es una iniciativa valiosa porque en el pasado mostró ser una instancia clave en la toma de decisiones del sistema. Sin embargo, se debe revisar qué actores van a participar y analizar si tener 37 miembros permite llegar a consensos y darle un carácter técnico a esta instancia, sin caer en dinámicas politiqueras o intereses individuales”, finalizó Gestarsalud.