Un supuesto comunicado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, señala que no son autores de las amenazas contra la vida de congresistas del Pacto Histórico, la Unión Patriótica (UP) y de otras figuras políticas afines al gobierno del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro.

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La misiva se conoció el lunes 6 de febrero y se habría dado en reacción a las intimidaciones que denunciaron que recibieron María José Pizarro, Inti Asprilla, Wilson Arias, Aida Avella, José Alberto Tejada y Alirio Uribe, así como el jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Antonio Sanguino, y de los abogados Alí Bantú y Miguel Ángel del Río, indicaron en el informativo de televisión Noticentro Uno CM&.

Según el texto atribuido al mencionado grupo descendiente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ellos siguen firmes con su compromiso de paz.

“Dicho comunicado es completamente falso, ya que no se corresponde con nuestros principios de respeto por la vida y la democracia de Colombia. Nunca hemos participado en elecciones, ni hemos interferido con la libre voluntad popular que se expresa en las urnas”, asegura el comunicado.

También señalaron que ninguna de las personas que fueron víctimas de las intimidaciones era objetivo de esa organización al margen de la ley.

“Las personas amenazadas en el falso comunicado tienen la garantía por parte de nuestra organización de llevar a cabo las actividades de su vida diaria y de su quehacer político sin ningún riesgo para su integridad física, ni para ellos, ni para sus familias”, señala el supuesto texto.

Finalmente, señalaron que seguían honrando su compromiso para cesar sus acciones violentas en los lugares de Colombia en el que delinquen.

“La paz del país en general y de las comunidades en donde hacemos presencia en particular, es nuestra mayor preocupación y seguiremos comprometidos con su consolidación”, concluyeron.

El Clan del Golfo, supuestamente, declaró como objetivo militar a varios partidos políticos y defensores de derechos humanos, así como amenazó de forma directa a nueve congresistas, periodistas y abogados, según denunció el lunes el senador Iván Cepeda.

“Tendrán un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de las 12 de la noche del 15 de febrero para salir del país o afiliarse a una funeraria”, dice en el panfleto donde también ataca “a todos sus grupos cercanos de colaboradores” que “se la han pasado atacando a todas las fuerzas militares desde las marchas convocadas por los guerrilleros que están en el poder”.

Todo ello, según el papel, con el fin de “erradicar de Colombia cualquier vestigio de izquierda comunista, mamerta o todo lo que vaya en contra de las políticas que caracteriza nuestra ideología (sic)”.

Las AGC actualmente tienen activo un supuesto cese al fuego, debido a que han expresado su intención de empezar conversaciones con el Gobierno colombiano de Gustavo Petro, que quiere ofrecerles una salida del conflicto a través de un sometimiento voluntario a la justicia.

Este grupo surgió tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado.

Actualmente se dedica mayormente al narcotráfico y fue liderado hasta su extradición el año pasado por Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”.

(Con información de la agencia EFE)

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