Manifestantes protestan contra el congreso peruano en Lima, Perú, el jueves 5 de septiembre de 2019. (AP Foto/Martin Mejia)
Manifestantes protestan contra el congreso peruano en Lima, Perú, el jueves 5 de septiembre de 2019. (AP Foto/Martin Mejia)

LIMA, Perú — Un expresidente peruano se suicidó de un disparo cuando la policía llegó a su puerta. La líder de la oposición permanece en la cárcel, bajo investigación. Y durante unas 24 horas esta semana, tanto el presidente como la vicepresidenta afirmaron ser el líder legítimo del país.

Aunque durante mucho tiempo fue una referencia de estabilidad en América Latina, hoy Perú luce ingobernable.

La inestabilidad que ha perturbado al país durante más de un año quedó totalmente de manifiesto esta semana, cuando el enfrentamiento entre el presidente Martín Vizcarra y la oposición concluyó con la decisión del presidente de disolver el Congreso. La legislatura liderada por la oposición no se quedó de brazos cruzados, pues calificó la decisión de ilegal y juramentó a la vicepresidenta como nueva jefa de Estado bajo la mirada confundida de los peruanos.

Perú debería ser un candidato improbable para el tipo de trastorno que ha enfrentado en años recientes. Ha estado en paz desde el 2000, cuando una guerra civil de dos décadas, que cobró la vida de unas 69.000 víctimas, culminó con la derrota del Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta. Ese mismo año, el presidente Alberto Fujimori renunció, terminando así con ocho años de dictadura.

La transición democrática coincidió con un auge en la economía, impulsado por los altos precios de productos básicos extranjeros, un creciente sector minero y un aumento de consumidores de clase media. Aunque el crecimiento disminuyó a un cuatro por ciento el año pasado, Perú seguía estando por encima de sus vecinos latinoamericanos.

Sin embargo, el éxito de Perú ocultó un conflicto creciente entre su clase política y, de alguna manera, quizá incluso sentó las bases de futuros problemas.

Partidarios del presidente Martín Vizcarra celebran el cierre del Congreso fuera de la sede parlamentaria en Lima. 30 de septiembre 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo
Partidarios del presidente Martín Vizcarra celebran el cierre del Congreso fuera de la sede parlamentaria en Lima. 30 de septiembre 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

El enfrentamiento de esta semana entre el presidente y el Congreso pareció culminar con Vizcarra a la delantera. Para el 1 de octubre en la noche la vicepresidenta ya había renunciado a su cargo y se vislumbraron nuevas elecciones en el panorama. En Lima, la capital, la vida continuó como de costumbre, con muchas personas simplemente esperando ver qué pasaría a continuación.

Eso no le levantó el ánimo a Alfredo Álvarez, quien trabaja en una casa de cambio en Lima, pues predice que habrá más caos dentro de poco tiempo.

“La gente aquí está acostumbrada a votar por alguien porque le gustan los deportes o porque son guapos, y esa es la razón por la que están así ahora”, afirmó.

Gran parte de la crisis política puede ser atribuida a Odebrecht, una empresa constructora brasileña que prosperó durante el auge económico. Durante décadas, la constructora fue la empresa principal de los proyectos importantes de infraestructura —como carreteras, puentes y represas— que usaban los presidentes sucesivos para demostrar su buena gestión del país.

“La economía estaba dando grandes resultados, pero ese no era el caso en el ámbito político”, afirmó Juan de la Puente, columnista del diario La República, en Lima. La inestabilidad política creó una “ingobernabilidad de baja intensidad” que duró años, agregó.

En 2016, Odebrecht admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para contratos que habían conseguido por toda América Latina. Entre los implicados en las investigaciones derivadas estuvieron dos alcaldes de Lima, varios legisladores y casi todos los ex presidentes peruanos vivos.

El brote de investigaciones detonó como una bomba en la élite política de Perú. La policía arrestó a Ollanta Humala, un militar retirado que fue presidente de 2011 a 2016, y lo retuvieron en prisión durante meses. Los fiscales, buscando una sentencia de 20 años, lo acusaron de haber recibido pagos ilegales de Odebrecht para su campaña. Alejandro Toledo, quien lideró Perú a principios de la década de 2000, está preso en Estados Unidos, a la espera de una solicitud de extradición peruana. Se le acusa de haber tomado unos 20 millones de dólares en pagos.

Manifestantes protestan contra el congreso peruano en Lima, Perú, el jueves 5 de septiembre de 2019. (AP Foto/Martin Mejia)
Manifestantes protestan contra el congreso peruano en Lima, Perú, el jueves 5 de septiembre de 2019. (AP Foto/Martin Mejia)

En abril, las autoridades se dirigieron a la casa de Alan García, el sucesor de Toledo, con una orden de arresto por un caso de corrupción similar. En vez de entregarse, García se encerró en su habitación y se pegó un disparo en la cabeza. Murió en un hospital.

La inestabilidad también ha creado oportunidades para personajes que, según grupos defensores de los derechos humanos, pudiesen estar en contra del proyecto democrático de Perú.

El ex dictador Fujimori fue condenado en 2009 por delitos en contra de los derechos humanos cometidos durante su mandato, incluyendo el fusilamiento de 25 personas por parte de un escuadrón militar de la muerte. Pero en los años que han transcurrido desde entonces, su hija Keiko ha montado sus propias candidaturas presidenciales con un partido populista conservador, Fuerza Popular, con la intención de capitalizar el legado político de su padre —y sus aliados— y posiblemente liberarlo de prisión.

Keiko ha ganado apoyo entre los peruanos más pobres y parecía estar cerca del triunfo a principios del año pasado, dentro de otro escándalo más, en esta oportunidad involucrando a los Fujimori y al último presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Luego de que Kuczynski afirmara que una compañía que él controlaba había recibido honorarios por asesorías de Odebrecht, el partido de Keiko Fujimori amenazó con someterlo a un juicio político. En respuesta, Kuczynski emitió un indulto presidencial para Alberto Fujimori, que en la actualidad tiene 81 años.

La liberación del exdictador desencadenó la furia en Perú y contribuyó a la renuncia de Kuczynski, meses después, a causa de otro escándalo. El indulto fue anulado por la Corte Suprema y Alberto Fujimori fue enviado nuevamente a prisión.

El escándalo también logró que Vizcarra, en aquel momento vicepresidente, asumiera el cargo más importante de Perú. Allí, Vizcarra se encontró esta semana frente a un rival por la presidencia.

Martín Vizcarra. (EFE)
Martín Vizcarra. (EFE)

Antes de convertirse en su líder, Vizcarra era poco conocido para la mayoría de los peruanos. Y llegó teniendo un mandato de gobierno menor que el de su predecesor.

Según Jo-Marie Burt, profesora de ciencias políticas de la Universidad George Mason, especializada en Perú, “su presidencia es legítima, pero frágil. No fue elegido con votos”.

Sin embargo, Vizcarra no perdió tiempo para iniciar su cruzada anticorrupción, la cual denominó como necesaria para contrarrestar la desconfianza creciente en el gobierno a raíz del escándalo Odebrecht. Despidió al fiscal más importante del país y propuso una serie de reformas al poder judicial.

Para aquel momento, Keiko Fujimori, la rival del presidente, ya se encontraba en prisión en relación con el escándalo Odebrecht. Este lunes, su partido, que aún busca bloquear las reformas propuestas por Vizcarra, planeó elegir un nuevo tribunal constitucional de entre una lista que incluía a varios candidatos acusados de corrupción. El partido también pretendía presentar una moción para que se considere la liberación de Keiko Fujimori.

Vizcarra respondió a esto disolviendo el Congreso, algo que tenía tiempo amenazando con hacer.

La oposición calificó la medida de ilegal, afirmando que el presidente había ignorado el debido proceso. Los observadores políticos señalaron la ironía de su decisión: Alberto Fujimori usó una medida similar en 1992, al comienzo de su dictadura.

En respuesta, los legisladores de la oposición presentaron su propia alternativa para la presidencia, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, a quien juramentaron como jefa de Estado interina esa misma noche. Pero cuando se hizo evidente, al día siguiente, que las fuerzas de seguridad peruanas apoyaban a Vizcarra, Aráoz renunció al cargo.

Aunque Vizcarra parece haber ganado esta batalla, no se puede determinar con claridad si tendrá mejor suerte que sus predecesores para gobernar el país hasta la próxima elección, pautada para el 26 de enero.

Esta semana, Vizcarra apareció flanqueado por el alto mando militar y fue respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su disputa con el Congreso. Además, en varias ciudades, miles de manifestantes salieron a las calles a apoyarlo, una señal de su popularidad, al menos comparada con las viejas caras familiares en el Congreso.

Uno de sus seguidores en Lima es José Manuel García, un ortodoncista que trabaja en Miraflores, el distrito comercial de la capital. La disolución del Congreso “parece haber sido la decisión correcta”, afirmó.

Sin embargo, García agregó una advertencia sobre las próximas elecciones: “Será inútil la disolución del Congreso si dentro de cuatro o cinco meses vamos a tener uno con las mismas o peores características”.

*Copyright: c.2019 The New York Times Company