Crisis de fertilizantes: ¿cómo el Perú puede hacerle frente a la inseguridad alimentaria?

En medio de la escasez global de fertilizantes generada por la guerra entre Rusia y Ucrania se suma la reciente cancelación del concurso público para la compra de fertilizantes por parte del Midagri y el tardío avance sobre un nuevo concurso ponen al Perú en un alto riesgo de sufrir de una crisis de inseguridad alimentaria, tal como se viene alertando desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo a las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la pandemia puso en situación de inseguridad alimentaria a 15.5 millones de peruanos. Mientras tanto, algunos países han decidido realizar negociaciones de Gobierno a Gobierno para la compra de fertilizantes; otros han comenzado a limitar sus exportaciones de trigo y maíz, para frenar la inseguridad alimentaria, según The Economist.

“Esto impactará en la nutrición (principalmente de los niños), traducida en una baja participación de la PEA en el mediano plazo y en una baja preparación para enfrentar enfermedades”, sostiene Angie Higuchi, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y doctora en economía agraria.

“Se espera que el Índice de Precios al Consumidor, que ya creció en 4.8% en el primer trimestre de este año, alcance el 15% para el próximo año. Esto se deberá principalmente al incremento de productos importados (trigo, maíz y oleaginosas) que impactarán en el precio de productos como el pan, carnes y aceite vegetal; así como al incremento de productos frescos provenientes de la agricultura familiar”, indica Higuchi.

Según informes previos, las compras agrícolas cayeron en un 84% frente a años anteriores, la cantidad de hectáreas sembradas en el Perú disminuyó en más de 20 mil, además de una reducción en la producción de 26 alimentos y en el desembarque de especies hidrobiológicas.

Ante tal contexto, Angie Higuchi propone 5 ejes de acción a realizar en el corto y mediano plazo para paliar el impacto de la inseguridad alimentaria:

1.- Un primer eje de trabajo es la conformación de una comisión de seguridad alimentaria que agrupe a las carteras clave (MEF, MIDIS, MIDAGRI, PRODUCE y Cancillería), capaz de decidir sobre la utilización del presupuesto; supervisar los programas sociales y de asistencialismo; contar con el conocimiento técnico sobre agricultura familiar, fertilizantes, tecnificación, etc.; monitorear la producción y el consumo directo; y articular acuerdos de Gobierno a Gobierno.

La comisión de alto nivel recientemente ha incorporado la cartera de Economía y actualmente no cuenta con la participación de Relaciones Exteriores, restándole capacidades para hacer acuerdos con otros países para la compra de fertilizantes.

2.- Desde la oferta, es clave el apoyo de entidades de Gobierno encargadas de la extensión agrícola, así como de universidades e institutos capaces de realizar estudios de calibración de suelos de cultivos prioritarios. La calibración permitirá determinar las dosis correctas de mezclas de nutrientes que necesita cada suelo para determinado cultivo. Con ello, se logrará un uso más eficiente de los fertilizantes y ahorro en los costos.

3.- Un eje de trabajo en campo es proponer créditos por fertilizantes (en producto) a cada agricultor, siendo el pago en especies de productos prioritarios (papa, arroz, yuca, cereales andinos, etc.) y especiales (fruta, legumbres y verduras). En ese sentido, parte de la cosecha podrá ser adquirida por el Estado y destinada a programas sociales como Qali Warma y comedores populares.

4.- Desde el consumo, una medida a corto plazo sería la entrega de tarjetas o cupones alimentarios (para alimentos secos, crudos o preparados), como se implementó en Estados Unidos, Argentina y Guatemala durante la pandemia, especialmente a los programas sociales como las ollitas comunes para que compren sus propios ingredientes y puedan proveer alimentos a los más vulnerables.

5.- The Economist destaca que los países del tercer mundo destinan hasta el 40% de su ingreso a la alimentación. Debido a la inflación e incremento de costos en los alimentos, las personas en los sectores más pobres del país serán las que sufrirán un mayor impacto, destinando hasta el 80% de su ingreso para alimentarse. La promoción de la inversión pública contribuirá a remediar este impacto, ya que, a mayor inversión en obras, será mayor la cantidad de empleos e ingresos generados para las personas.

“El escenario que estamos atravesando nos obliga a pensar en soluciones innovadoras, pero también eficaces y humanas, que contemplen tanto el bienestar futuro de la población menos favorecida. Por ello, será clave definir las prioridades nacionales con intervenciones públicas transparentes, reforzar la articulación interinstitucional y buscar un bien común sostenible. Todavía estamos a tiempo de actuar”, puntualizó Higuchi.

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