Exprocurador Daniel Soria explicó que resolución que lo aparta del cargo “es ilegal”

Ayer por la noche, Daniel Soria Luján dejó de ser el procurador general del Estado. El presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, firmaron la resolución suprema que lo removía del cargo.

De acuerdo a un informe de la Contraloría, Soria fue designado, en el gobierno de Martín Vizcarra, sin cumplir los requisitos estipulados para el cargo que en la actualidad ostenta. “La designación del procurador general del Estado se realizó sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo”, se lee en el documento.

Ante ello, Daniel Soria sostuvo hoy que dicha resolución “es ilegal”, por lo que evalúa tomar acciones en el Poder Judicial. Además, explicó que tiene como base “única y exclusivamente” una disposición transitoria de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del 2007, que permite cesar a un funcionario por pérdida de confianza.

Por tal motivo, su cese en el cargo no tiene base legal, “porque la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango (decreto legislativo 1326) que se dio diez años después (2017)”.

“Una norma posterior y especial que, en el artículo 17, (establece) los motivos de remisión de los miembros del consejo directivo, entre ellos el Procurador General del Estado”, afirmó.

En ese sentir, el ahora exprocurador expresó a RPP que no tiene sentido que se excluya de dicho cargo a quien antes no haya sido “procurador o abogado de una procuraduría”.

“Discrepo de ese razonamiento y ya lo he mencionado en el pasado, porque la actividad de defensa jurídica Estado trascienden en la práctica el trabajo de una procuraduría concreta. Es decir, hay abogados que no trabajan en una procuraduría, pero hacen defensa jurídica del Estado”, comentó.

“En la Defensoría del Pueblo, trabajé en el cargo de adjuntía en asuntos constitucionales, donde participaba en la elaboración de las demandas que el Defensor del Pueblo presentaba en procesos del constitucionales”, contó. “Es exactamente la misma actividad que, por ejemplo, hace la procuraduría especializada en materia constitucional”, agregó.

ANTECENDENTES

En enero pasado, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció la revisión del nombramiento de Soria. Torres comunicó esto tras reunirse a solas con el defensor legal del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, quien luego pidió públicamente la destitución del exprocurador.

Por su parte, Soria, al conocer las intenciones que existían en su contra, descartó que vaya a renunciar a su puesto. “No voy a renunciar porque considero que he cumplido con los requisitos y que mi designación ha sido ajustada a derecho”, dijo a El Comercio.

Además, aseguró que mantendría su defensa ante el despacho ministerial o la instancia correspondiente. “Este informe está dirigido al ministro de Justicia y es él quien tomará una decisión al respecto. Yo siempre estaré llano a dar razones de haber cumplido los requisitos”, sostuvo.

Tal como se recuerda, Soria Luján envió un pedido a Palacio de Gobierno para que brinde una lista de aquellas figuras que habrían visitado la casa ubicada en Breña donde el presidente Pedro Castillo habría sostenido reuniones que no figuraban en su agenda. Poco después, Soria señaló que la casa de gobierno no había cumplido con el pedido señalado y reiteró la misma solicitud.

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