El círculo perverso del agua en el Perú

Según el Ministerio de Vivienda, en el 2020, aproximadamente 3 millones 116 mil peruanos carecían del servicio de agua potable por red pública y 7 millones 128 mil no disponían de redes de alcantarillado. Pero, además, solo el 42% de la población (4% en las zonas rurales) disponía de agua segura, entendida como aquella que contiene cloro en proporciones adecuadas.

De otro lado, en las áreas urbanas atendidas por empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS, el 78% de aguas residuales reciben tratamiento, pero hay una gran disparidad en el desempeño de tales entidades: Sedapal ha logrado elevar esa proporción a 91% en Lima Metropolitana, mientras que las EPS medianas solo llegan al 32% y las pequeñas al 6%.

Estos indicadores muestran la precariedad en que se encuentra la infraestructura de agua y saneamiento en nuestro país que disputa los últimos lugares en Sudamérica con las de Bolivia y el Ecuador, de acuerdo con el Banco Mundial. Esta situación crítica es difícil de entender, si se considera que el Perú es el octavo país del mundo con mayor cantidad de agua dulce y que se ha invertido más de 61 mil millones de soles entre el 2010 y el 2021 para extender la cobertura, cantidad y la calidad de estos servicios.

Como puede verse, la imposibilidad de alcanzar el acceso universal a los servicios de saneamiento no puede atribuirse a la falta de recursos, naturales ni económicos. Se trata más bien de la persistencia de un modelo regresivo e insostenible de inversión y gestión que reproduce un verdadero “círculo perverso” del agua.

Este “modelo” se sustenta en el establecimiento de tarifas crecientemente desfasadas, lo que no permite cubrir los costos de operación, mantenimiento y repago de las infraestructuras, obligando al gobierno nacional a cubrir esa “brecha de inversión” mediante la transferencia de recursos a fondo perdido a los operadores del servicio (EPS, municipalidades, organizaciones comunales) que se convierte en un subsidio generalizado e indiscriminado que favorece a los que más consumen; condena a los más pobres a recibir servicios caros, precarios e inseguros; desalienta la innovación y la excelencia entre los operadores; y pone en peligro las fuentes de agua así como la infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Para terminar con este círculo vicioso se requiere desarrollar una estrategia integral con enfoque territorial. En primer lugar, es indispensable promover la fusión de EPS (actualmente son 50, de las cuales 5 están en Puno y otras tantas en Cusco) para ganar economías de escala y aprovechar mejor las fuentes de agua. Además, se debe modificar la conformación y competencias de los actuales Consejos Directivos de las empresas, que propician un manejo politizado y fragmentado. El modelo de las Cajas Municipales podría servir de referencia para garantizar una gestión eficiente de estas instituciones.

En tercer término, es urgente sincerar paulatinamente las tarifas, de manera que las inversiones sean sostenibles y la calidad del servicio no se deteriore. Paralelamente, una parte de los recursos que actualmente aporta el Ministerio de Vivienda debe orientarse al otorgamiento de subsidios directos a hogares de bajos ingresos que no pueden cubrir parcial o totalmente el aumento de las tarifas.

Luego, los proyectos que financia el gobierno nacional para dotar de redes de agua y desagüe en barrios marginales y centro poblados rurales se tienen que seleccionar mediante concursos públicos que valoren la mayor necesidad y la participación de las comunidades y de las municipalidades. También deben contemplar componentes de capacitación y seguimiento para que se garantice la sostenibilidad de los servicios. En las zonas rurales, se necesita que los servicios de agua y saneamiento se incluyan en proyectos integrales que consideren también la construcción de viviendas y la mejora de actividades productivas.

Además, es importante constituir un Fondo de Inversión en el Ministerio de Vivienda para dotar de agua y desagüe a proyectos de vivienda de interés social, lo que desalentaría la informalidad en la ocupación de suelo que, como ya se ha señalado, es una de las principales causas del encarecimiento de estos servicios. En las áreas urbanas que cuentan con potencial de desarrollo inmobiliario, se podrían impulsar APPs cofinanciadas o autofinanciadas, replicando la experiencia exitosa que se dio en San Isidro en los noventa.

Por último, hay que impulsar la adopción de nuevas tecnologías (como la desalinización del agua de mar o el reúso de aguas tratadas para el riego de parques y jardines) en grandes proyectos urbanos como parques industriales, instalaciones portuarias, zonas balnearias o urbanizaciones de playa o campo.

Terminar con este círculo perverso tiene que ser parte de un acuerdo político y social, que comprometa a las sucesivas administraciones gubernamentales a desarrollar y eventualmente ajustar la estrategia integral propuesta, y que reduzca sensiblemente el riesgo de politizar o desvirtuar su ejecución.

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