Para tener elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en Venezuela

Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela (EFE)
Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela (EFE)

En septiembre de 2020 hice referencia a la Profecía de Daniel, relato bíblico que presagia un hecho fatídico con una frase: “la escritura está sobre la pared”. Fue como metáfora por las elecciones en Venezuela que, en condiciones de transparencia menos que óptimas, eran auspiciadas por el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Pues ahora existe fecha para las elecciones municipales y regionales: el 21 de noviembre próximo. Así es como se ha abierto el registro electoral, y se determinaron los plazos para la presentación y modificación de candidaturas y la fecha del simulacro electoral. Todo dispuesto por el CNE renovado por la Asamblea Nacional oficialista.

Ello se acompaña por una narrativa hoy dominante, un repetido “el arreglo con Maduro está resuelto” que se escucha como hecho consumado. Lo cual es sugerido en una reciente declaración conjunta de la Unión Europea y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. En la misma expresan que la solución debe surgir de “negociaciones integrales” que restauren la institucionalidad del país “a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes”. Y agregan que de haber “avances sustantivos” estarían dispuestos a revisar las sanciones. Nótese que se habla de “elecciones presidenciales” y de “revisar sanciones”.

También es un hecho consumado el envío de una misión de observación de la UE para las elecciones, ello a partir de las febriles gestiones de Borrell. Y digo “gestiones”—en lugar de “negociaciones”—porque se sabe qué se le entregaría al régimen, pero no qué se le ha exigido a cambio para declararlo genuino contendiente político y legítimo interlocutor internacional. Es decir, para rehabilitarlo.

En esto hay dos temas íntimamente relacionados pero que no son idénticos. Primero lo electoral, ¿cómo ocurrirán dichas elecciones “creíbles, inclusivas y transparentes”, según enfatiza el pronunciamiento tripartito?

No será con una autoridad electoral partidista. Esto ocurre a nivel nacional pero también a nivel subnacional, donde funcionarios del partido oficialista actúan como autoridades electorales. En concreto, actúan como comisarios políticos en las mismas mesas de votación.

Para tener una elección “creíble, inclusiva y transparente”, el voto debe ser universal, precisamente. No es el caso si el registro electoral es controlado por la inteligencia cubana, mecanismo para excluir votantes discrecionalmente. Universal quiere decir que los residentes en el exterior puedan votar, derecho inexistente en el sistema venezolano, y que los documentos de identificación totalitarios, como el “carnet de la patria”, sean eliminados.

Para que una elección sea libre y justa se requiere libertad de prensa, justamente. Se requiere que los políticos de oposición estén en libertad, que todo ciudadano sea capaz de elegir y tenga la libertad de postularse. No habrá una elección creíble con inhabilitados por decisión arbitraria del régimen o de su sistema judicial partidista.

No habrá una elección transparente con un sistema electrónico que no entrega verificación del voto y que tiene antecedentes de haber cometido fraude en el pasado, según declaración de la propia empresa Smartmatic. Y no habrá una elección creíble sin una observación electoral de alta capacitación y competencia, que solo la OEA puede llevar a cabo en América Latina. Las misiones de la UE en la región siempre se apoyaron en la OEA por su mayor despliegue y capacidad operativa, alcanza con revisar sus informes para comprobarlo. Todo lo anterior sería solo el comienzo de un trabajo de largos meses.

Ya que se trata de “negociaciones integrales”, el segundo tema es el político-judicial. En esta negociación que ni siquiera ha comenzado, ¿se le exigirá al régimen que expulse a los militares cubanos, a los iraníes y a los rusos? ¿Dejarán de existir territorios liberados, enclaves para la protección de las actividades ilegales de las disidencias FARC, por ejemplo en Apure, y del ELN, por ejemplo en el ecocidio del Orinoco? ¿Se desmantelarán las FAES, los pranes y los demás grupos represivo-criminales?

Todo lo cual tiene un componente judicial que curiosamente se omite. Las sanciones a Venezuela pueden eliminarse con una decisión casi administrativa, pues las sanciones son un instrumento de política exterior, por lo general una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Levantar las sanciones a individuos, sin embargo, no es tan simple.

En el caso de Estados Unidos, dichas sanciones están amparadas en imputaciones del Departamento de Justicia contra jerarcas del régimen por las cuales se les congelan sus activos y se les anulan visas. Por cargos de “narcoterrorismo” se han ofrecido recompensas millonarias por la captura de Maduro y otros 14 funcionarios. En una democracia con separación de poderes la anulación de dichos procesos no depende de una decisión administrativa.

Tampoco en relación a las denuncias por crímenes de lesa humanidad contra cientos de funcionarios radicadas en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que están en transición de la fase de “examen preliminar” a la de “investigación”. Dichos crímenes son imprescriptibles, de responsabilidad individual y de jurisdicción internacional. Su revocación excede largamente lo que pueda negociar el Alto Representante Borrell con el canciller del régimen Arreaza, pues no le puede prometer su exoneración.

Mientras se debaten estos temas el régimen vuelve a refrescarnos la memoria exhibiendo su ADN, pues nunca finge quien es. Así ha dispuesto el secuestro y luego arresto de Javier Tarazona y su equipo de FundaRedes bajo cargos de “instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.” No se le ha permitido acceso a defensa privada, debiendo actuar exclusivamente con defensa pública. Ocurre que su ONG documentó los crímenes de las FARC en Apure y la protección brindada por el régimen.

Para tener elecciones creíbles, inclusivas y transparentes también se requiere una justicia independiente. Normalizar al régimen hoy por medio de elecciones en estos términos implicaría rehabilitarlo luego por medio de la impunidad. De ocurrir, se tratará de convivir con criminales legitimados tanto en Venezuela como en el exterior.

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