El G7 sumó este viernes su condena a la investidura ilegítima de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y pidió una solución “pacífica, democrática y negociada” a la crisis en el país.
En un comunicado, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, denunciaron “la falta de legitimidad democrática de la supuesta toma de posesión” de Maduro y rechazaron su ”continuo y represivo aferramiento al poder, a expensas del pueblo venezolano, que votó por un cambio“.
Asimismo, el grupo manifestó su intranquilidad ante la represión contra la sociedad civil y la oposición, que tiene lugar en el país desde hace meses y que con las detenciones arbitrarias y “otros abusos civiles” a niños, jóvenes y activistas, deja al descubierto “el persistente desprecio por parte de Maduro a los principios de la gobernanza democrática, el Estado de derecho y los Derechos Humanos”.
Los cancilleres se refirieron especialmente a los casos de María Corina Machado, quien fue secuestrada y liberada la víspera por oficiales del régimen, y Edmundo González Urrutia quien, pese a haber sido electo como legítimo presidente, “se vio obligado a abandonar Venezuela” en septiembre.
“En una democracia, ningún dirigente político debería verse obligado a buscar refugio fuera de su patria. Este hecho inaceptable subraya la urgente necesidad de un entorno en Venezuela en el que el compromiso democrático pueda florecer sin temor a represalias”, indicaron.
Toda esta situación, sumaron los miembros del G7, amenazan la estabilidad y prosperidad en la región y los países vecinos, y deriva en una aguda crisis humanitaria que obliga a los venezolanos a huir de su país “en busca de mejores condiciones de vida y seguridad”.
Es por ello que, nuevamente, el bloque pidió de forma urgente “una solución pacífica, democrática, negociada y liderada por Venezuela”, que pueda poner fin a este escenario.
“Seguimos comprometidos a trabajar con los venezolanos y la comunidad internacional para garantizar que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, expresada en las elecciones de julio, y que se establezca un proceso de transición pacífica al poder”, concluyeron los cancilleres en el comunicado.
Previamente, este viernes, en el contexto de la investidura fraudulenta de Maduro, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos reforzaron sus sanciones contra el chavismo y denunciaron la carencia de legitimidad del acto.
En el caso de Londres, sumó a 15 funcionarios venezolanos a su lista, mientras que Ottawa incorporó a 14 que han apoyado directa o indirectamente las violaciones a los derechos humanos que se producen en el país. Washington, por su parte, elevó las recompensas ofrecidas por los principales líderes del régimen y extendió sus castigos en materia financiera, incluido el sector petrolero.
Así, subió a 25 millones de dólares la oferta por información relacionada con Maduro y su ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello, y sumó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por quien ofreció 15 millones de dólares.
“Estas medidas buscan comprometer a los responsables y reforzar la transición democrática en Venezuela”, aseguró el Departamento de Estado.
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