El Parlamento italiano aprobó el jueves un decreto gubernamental por el que se establece un código de conducta para las embarcaciones humanitarias que transportan migrantes, a pesar de las críticas de Naciones Unidas y grupos humanitarios que afirman que pondrá en peligro vidas humanas.
El nuevo conjunto de normas forma parte de los esfuerzos de la primera ministra, Giorgia Meloni, por restringir a las embarcaciones de rescate, que según su Gobierno animan a la gente a emprender el peligroso viaje a través del Mediterráneo desde el norte de África.
Las organizaciones humanitarias lo niegan y afirman que los migrantes se hacen a la mar independientemente de si hay embarcaciones de rescate cerca.
Según la nueva ley, los barcos deben solicitar acceso a un puerto y navegar hasta él “sin demora” tras un rescate, en lugar de permanecer en el mar en busca de otras embarcaciones de migrantes en apuros.
Anteriormente, los buques operados por organizaciones benéficas o no gubernamentales (ONG) pasaban a menudo varios días en el Mediterráneo central y solían completar múltiples rescates antes de dirigirse al norte, hacia Italia.
La ley establece que los capitanes que incumplan estas normas se arriesgan a multas de hasta 53.355 dólares y las infracciones reiteradas pueden dar lugar al embargo de sus embarcaciones.
“Si no se controla la inmigración, se crea explotación, trabajo forzado, trabajo ilegal”, dijo el jueves en el Parlamento Nicola Molteni, subsecretario del Ministerio del Interior.
“Si no se controla la inmigración, se crean bolsas de ilegalidad y delincuencia, generando una sensación de inseguridad social”, agregó.
Grupos humanitarios dijeron que prohibir los rescates múltiples causaría cada vez más muertes, mientras que Naciones Unidas instó a Italia a retirar la propuesta después de que obtuviera luz verde inicial de la Cámara Baja del Parlamento a mediados de febrero.
“Esta es sencillamente la forma equivocada de abordar esta crisis humanitaria”, declaró Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El mes pasado, la Iglesia católica romana de Italia dijo que las nuevas medidas violaban el derecho internacional y debían desecharse.
Las ONG también se quejan de que el Gobierno les obliga a llevar a los migrantes a puertos lejanos del norte de Italia, lejos de donde llevan a cabo los rescates.
Las nuevas obligaciones han incrementado drásticamente los costes de las ONG y en los últimos meses sólo unos pocos barcos se han hecho a la mar. Pero sus reducidas salidas no han hecho nada por frenar la llegada de migrantes.
Los datos del Gobierno muestran que 12.667 personas han llegado a Italia en lo que va de año, frente a 5.273 en el mismo periodo de 2022. El proyecto de migrantes desaparecidos afirma que al menos 157 personas han sido dadas por desaparecidas, presuntamente muertas, este año.
Según un documento interno del Ministerio del Interior al que tuvo acceso Reuters, de los 105.000 migrantes que llegaron a Italia en 2022, sólo alrededor del 10% fueron llevados a tierra por barcos de ONG.
Con información de Reuters
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