La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, obtuvo un auto de formal prisión contra el ex policía federal Luis “D”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada.
Está probablemente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
De acuerdo con los medios de prueba, Luis “D” se desempeñaba como titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche que ocurrieron los hechos. Según la FGR, probablemente tuvo conocimiento de la detención de estudiantes normalistas, negando posteriormente su detención, posible destino y paradero.
El Ministerio Público Federal (MPF) presentó los medios de prueba al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien otorgó el auto de formal prisión. Dicho Juzgado liberó la orden de aprehensión en septiembre de 2020, por lo que la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel Federal, dieron cumplimiento a la misma el 18 de enero de 2021.
La Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este viernes 22 de enero una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la “filtración” del expediente del caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, mejor conocida como Ayotzinapa.
Así lo dio a conocer la tarde de este sábado a través de sus redes sociales, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, exigió que se investigue a los servidores públicos que filtraron el testimonio de un testigo protegido identificado como “Juan”, quien afirmó que a los 43 jóvenes los desaparecieron militares, policías del estado de Guerrero e integrantes del crimen organizado.
En la denuncia, la Consejería pide a la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, realizar todas las diligencias necesarias para recabar los datos de prueba que resulten necesarios para la correcta integración de la investigación que se siga, así como “judicializar como corresponde a los que resulten autores y/o participes de los hechos, con apariencia de delito, denunciados”.
Durante la noche de esa funesta jornada y la madrugada del 27 de septiembre, los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados, intimidados, acusados de haber tomado los camiones en los que viajaban y llevados hacía un destino que hasta la fecha se desconoce.
A 125 kilómetros de Iguala, una ciudad montañosa que contaba en ese entonces con 110,000 habitantes, policías federales, municipales y miembros del crimen organizado atacaron cinco autobuses donde viajaban los estudiantes, además de uno más que pertenecía al equipo de fútbol “Los Avispones”. Los normalistas se dirigían a la Ciudad de México para participar en los actos memoriales que cada año se realizan en la capital por la Matanza Estudiantil de Tlatelolco en 1968.
Durante los sucesos, seis personas fallecieron, otras 40 resultaron heridas y 43 normalistas fueron desaparecidos por agentes del estado y criminales que se los llevaron en varios vehículos.
Inicialmente se desconocía el número exacto de estudiantes desaparecidos y por varios días los conteos lanzaban distintas cifras, hasta que el 4 de octubre, el entonces procurador estatal de Guerrero, Alberto López Rosas, dio a conocer que se habían encontrado fosas comunes con restos humanos calcinados y que una persona detenida había confesado que se trataba de los estudiantes.
A partir de ese momento diversas investigaciones pusieron en duda esta versión y se han enfocado en esclarecer los hechos que hicieron que los policías estatales se llevaran a 43 jóvenes para desaparecerlos.
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