El presidente Andrés Manuel López Obrador está cada vez más cerca de lograr una de sus grandes promesas: enjuiciar a sus cinco antecesores por sus presuntos delitos.
La tarde de este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular con la que se emprendería el próximo año un proceso judicial contra Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como era de esperarse, dicha aprobación fue celebrada en redes sociales por los seguidores de López Obrador. Sin embargo, llevar a cabo la iniciativa del líder de la llamada “Cuarta Transformación” representaría un gasto multimillonario.
De acuerdo con Uuc-Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta ciudadana podría realizarse el 1 de agosto de 2021 y podría tener un costo superior a los 8 mil millones de pesos. Así lo dijo la tarde de este jueves en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula:
Además, el consejero electoral añadió que el dinero para realizar la consulta no se tiene presupuestado, por lo que el Congreso de la Unión deberá etiquetar una nueva partida económica.
Al cuestionarlo sobre qué es lo que el INE necesita hacer a partir de ahora y hasta el momento en que se lleve a cabo la consulta popular, Espadas Ancona detalló que tendrán que estructurar todo el aparato electoral.
Asimismo, señaló que la consulta representará un gran esfuerzo para el instituto, pues es más trabajo del que ya tendrán para 2021; sin embargo, añadió que es tarea del INE garantizar que se realicen este tipo de ejercicios de la manera correcta.
Durante la votación en la SCJN, ocho de los 11 ministros de la Corte que mostraron su postura a favor de la realización de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, siendo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán los que votaron a favor.
En este sentido, la pregunta que se deberá realizar a la ciudadanía es la siguiente:
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