La periodista Lydia Cacho exige al Estado mexicano una reparación integral del daño (Video: Twitter)

Un Tribunal Federal en Quintana Roo giró una orden de aprehensión contra Mario Marín, exgobernador de Puebla, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, luego de ser detenida en 2005.

La orden, emitida el 11 de abril, involucra también al empresario Kamel Nacif, Adolfo Karam, ex titular de la Policía Judicial, y Juan Sánchez Moreno, ex jefe de Mandamientos Judiciales en Puebla, quienes fueron acusados del mismo delito.

"Gírese oficio con copia autorizada de esta ejecutoria a la Fiscalía de la Federación adscrita a fin de que ordene a quien corresponda la búsqueda y detención del indiciado, y lograda que sea, dejarlo a disposición del juez natural", dice la orden.

Han pasado casi 20 años desde que ocurrió el crimen por el que son buscados Mario Marín y Kamel Nacif, llamado "El Rey de la Mezclilla".

El empresario y el ex gobernador confabularon para detener y torturar a Lydia Cacho (Foto: Especial)
El empresario y el ex gobernador confabularon para detener y torturar a Lydia Cacho (Foto: Especial)

La detención de Lydia Cacho

Los hechos se remontan al 16 de diciembre 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida al ser acusada de los delitos de difamación y calumnias luego de haber publicado el libro "Los Demonios del Éden", en el que denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri y donde salió a relucir el nombre de Nacif Borge.

La periodista fue detenida en el estado de Quintana Roo y llevada a Puebla por carretera. Durante el trayecto fue torturada psicológicamente por los agentes, quienes la amenazaban continuamente con abusar de ella sexualmente. A lo largo de 1,500 kilómetros, Cacho permaneció incomunicada y esposada, además de no haber recibido alimentos ni bebidas.

De acuerdo a su propio testimonio, cuando llegó a Puebla el trámite de su presentación ante el juez fue lenta y tortuosa. Se le detuvo en "un calabozo inmundo", con "foto de rigor, revisión médica con desnudez, al lado de un cuarto lleno de judiciales con una mampara transparente de por medio".

Fue puesta en libertad el 17 de diciembre en torno de las 15:00 horas, después de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo. Sobre su experiencia, Cacho escribió lo siguiente:

La periodista sufrió torturas físicas y psicológicas (Foto: EFE)
La periodista sufrió torturas físicas y psicológicas (Foto: EFE)
Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de inflingirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que sólo puede explicarse por la “compra” de la justicia por un particular

El 14 de febrero del 2006 se hicieron públicos una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.

En esa ocasión, La Jornada dio a conocer las grabaciones en las cuales se exhibe al ex gobernador y Nacif hablando sobre su venganza contra la periodista. En el audio se escucha al empresario decirle a Marín "mi gober, tú eres el héroe de está película, papá".  Y agregó que para agradecerle le iba a enviar "una botella bellísima de un coñac".

Un mes después, el 13 de marzo 2006, la periodista denunció a ambos personajes ante la fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos Contra Periodistas.

Ante esta segunda fiscalía, también se presentaron denuncias en contra de la entones procuradora de Puebla, Blanca Villeda; y la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

La disculpa después de años de sed de justicia

Aunque el caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el ministro Juan Silva Meza redactó un documento relatando los ataques contra la periodista, su caso fue desechado el 29 de noviembre de 2007, luego de que algunos ministros concluyeran que no existió una violación grave a sus garantías individuales.

En 2009 contrademandó por tortura. Años más tarde, en diciembre de 2014, fue detenido el ex comandante de la Policía Ministerial en Puebla, José Montaño Quiroz, por actos de tortura cometidos en contra de la periodista; fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2017.

En diciembre de 2018, fue detenido el agente ministerial Alejandro Rocha, también por actos de tortura.

El 10 de enero de este año, el gobierno federal emitió una disculpa pública a la periodista luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas encontrara que su detención fue punitiva y arbitraria.

La periodista fue víctima de actos arbitrarios hace 13 años (Foto: Twitter)
La periodista fue víctima de actos arbitrarios hace 13 años (Foto: Twitter)

En ese fallo se determinó también que el Estado debía procesar, juzgar y castigar a los responsables. Dicha resolución fue resultado de una petición que hizo la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Finalmente, el 11 de marzo la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, emitió la orden de aprehensión en contra de Mario Marín y Kamel Nacif. 

A este respecto, Cacho Ribeiro catalogó como "una farsa" la solicitud de órdenes de captura. De acuerdo con ella, son una estrategia para evitar que su caso llegue a instancias internacionales.

Los delitos que se les imputan no son del fuero federal, sino del fuero común, por lo que pueden solicitar amparos y evitar así ir a prisión, explicó la periodista en entrevista con Cimacnoticias.

Este martes, Juan Sánchez Moreno, ex jefe de Mandamientos Judiciales en Puebla, fue detenido en el Estado de México. El funcionario, que hasta el día de hoy se desempeñaba como Comandante en la Secretaría de Seguridad Pública en uno de los municipios, es el primer involucrado en el caso de Lydia Cacho en ser arrestado.