
Diez días después de dar marcha atrás con la suspensión de las visas a los estudiantes extranjeros matriculados en universidades que ofrezcan todos sus estudios en línea, el gobierno de Estados Unidos volvió a anunciar una medida de la misma naturaleza, en este caso circunscripta a los alumnos nuevos.
“Los estudiantes, no inmigrantes, cuya matriculación sea nueva o se haya iniciado después del 9 de marzo no podrán ingresar a Estados Unidos para inscribirse en una institución educativa para el período otoñal (del hemisferio norte) en un curso completo de estudio que se dicte de manera 100 por ciento virtual”, anunció el servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según la institución, las universidades y escuelas no podrán emitir certificados de elegibilidad para la condición de estudiante no inmigrante a los alumnos nuevos o en etapa inicial que estén “fuera de Estados Unidos y planifiquen tomar clases totalmente en línea”.
En la primera semana de julio, el gobierno de Trump había anunciado que no otorgaría o prorrogaría las visas de los estudiantes extranjeros que se inscribieran para tomar todos los cursos en línea, una decisión que generó fuertes críticas -y acciones- de las instituciones de educación superior en todo el país.
La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) tomaron la iniciativa, impulsando querellas legales contra la medida. Pronto se sumaron a las protestas y amenazas de imponer recursos legales el estado de Nueva York, la Universidad John Hopkins -de Maryland- y una coalición de otros estados, encabezada por la fiscal general de Massachusetts Maura Healey.
Ante esta presión, el 14 de julio, el Gobierno aceptó retrotraer la medida. En una audiencia en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el MIT para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs anunció que ambas partes habían llegado a un acuerdo, por lo que no era necesario seguir adelante con el proceso legal.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones de ambas partes, pero en menos de dos minutos el Gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.
La resolución de este caso significó que el ICE retornaría a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en Estados Unidos aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de COVID- 19.
No solo las universidades y autoridades estatales se habían manifestado en contra, sino que también más de una decena de empresas del sector tecnológico - incluyendo Google, Facebook y Twitter- salieron en apoyo de la demanda contra el Gobierno de Trump.
Estas compañías explicaron que los estudiantes internacionales contribuyen “sustancialmente” a la economía de Estados Unidos, por lo que su partida hubiera amenazado la capacidad de las instituciones educativas para mantener sus “estándares de excelencia”.
De acuerdo con sus cálculos, los alumnos internacionales aportaron durante el curso 2018-2019 un total de 41.000 millones a la economía de Estados Unidos, ocupando más de 450.000 empleos directos.
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