Expresidenta del Concejo de Bogotá fue imputada por la Procuraduría por irregularidades en la elección del personero

En la decisión se incluye también al vicepresidente del cabildo por el proceso que adelantaron desde la mesa directiva para el concurso de méritos para el cargo del Ministerio Público de la capital

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Álvaro Acevedo y Nelly Patricia Mosquera
Álvaro Acevedo y Nelly Patricia Mosquera

La cabildante Nelly Patricia Mosquera, presienta del Concejo de Bogotá en el 2019, y Álvaro Acevedo Leguizamón, entonces vicepresidente, habrían cometido varios errores de trámite en el proceso de elección y concurso del personero distrital, que podrían haber sido faltas disciplinarias por las que la Procuraduría les formuló pliego de cargos.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos concejales integrantes de la mesa directiva del Concejo, durante el último periodo de ese cuatrienio, habrían incurrido en “posibles anomalías en la expedición del documento que convocó el concurso público de méritos para el cargo de personero distrital en la vigencia 2020-2023″.

“Al parecer, los cabildantes, en su calidad de presidenta y segundo vicepresidente, realizaron el proceso de convocatoria, a través de la resolución 906 de 2019, sin previa autorización de la plenaria del Concejo, como lo establece el Decreto 1083 de 2015″, señaló la Procuraduría.

Los hechos investigados por el Ministerio Público se remontan a finales de 2019, en el último periodo del entonces Concejo Distrital, cuando se intentó dejar lista la elección del Personero. A mediados de octubre se radicó la solicitud para iniciar el proceso con un contrato para la institución que realizaría el concurso de méritos.

Se seleccionó a la Universidad Nacional para realizar el concurso de méritos, con la que se firmó un contrato el 19 de diciembre de 2019 para ese propósito. Después se definió el cronograma y las bases del concurso, así como la convocatoria pública, que se expiden en un acto administrativo.

Este, según el reglamento de la corporación, debe ser sometido a votación en la plenaria. Pero contrario a eso, la Mesa Directiva del Concejo expidió la Resolución 906 del 30 de diciembre de 2019 por medio de la cual convocó al concurso público de méritos para la elección del personero distrital.

Sin embargo, la Universidad no conoció de las resoluciones, ni se había sometido a aprobación de la plenaria, irregularidades que recibió el concejo que fue elegido en las elecciones de octubre y se posesionó el 1 de enero e 2020, por lo que tuvieron que resolver el lío.

“Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se concluye que la Mesa Directiva anterior se extralimitó en sus funciones, toda vez que para la fecha en que fue expedida la Resolución No. 0906 del 30 de diciembre 2019, la Universidad en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la suscripción del contrato No. 190513-0-2019, y el contenido del acta de inicio del mencionado contrato, la Universidad no había presentado el proyecto de Resolución por medio del cual se convoca a concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero de Bogotá”, señaló la corporación en la resolución 028 de 2020 con la cual revocó la actuación anterior.

“Sin contar con el proyecto de Resolución antes mencionado la Mesa Directiva no podía expedir acto administrativo alguno, el cual además debía ser sometido a aprobación de la Plenaria del Concejo de Bogotá. Es así, como la Mesa Directiva no puede emitir decisiones en contravía de las normas vigentes, toda vez que al expedirlos los mismos se configuran en actos ilegales”, agregó la nueva mesa directiva del Concejo.

Finalmente el proceso se surtió y resultó elegido el actual personero Julián Pinilla, el mejor calificado y votado por los concejales, en un proceso que estuvo rodeado de polémicas, entre otras porque se revelaron a través de correo electrónico los puntajes obtenidos, según denunció en su momento el segundo vicepresidente del Concejo Luis Carlos Leal (Alianza Verde).

Por las situaciones evidenciadas en el proceso durante el 2019 “la Procuraduría investiga una posible extralimitación en las funciones de los servidores públicos pues, al parecer, habrían trasgredido los principios de responsabilidad y transparencia”, señaló la institución. Por ahora, la falta se ha calificado como grave y a título de dolo.

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