Casi 30 años después, mujer recuperó la tierra que le fue despojada por la violencia en San José de Apartadó, Antioquia

El 15 de diciembre del 2021, un juzgado reconoció y devolvió los derechos legales que tenía la familia sobre siete hectáreas de aquel espacio

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Foto: Unidad de Restitución de Tierras.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras.

Han pasado 28 años desde que Gloria Castro perdió sus tierras a causa de las acciones violentas de grupos armados al margen de la ley. Ella, de la mano de sus hijos, se vio obligada a irse de su hogar luego de que guerrilleros de las desaparecidas FARC las forzaran a dejar la vivienda para, posteriormente, apoderarse de ella. Esta tragedia sumada al homicidio del padre de la familia, Gonzalo, quien murió en manos de los paramilitares. Ahora, casi tres décadas después, la familia recuperó su espacio que, para aquellos días, era un amplio cultivo de cacao, plátano, maíz y yuca. La Unidad de Restitución de Tierras, entonces, les devolvió siete hectáreas del terreno y les entregó 40 millones de pesos para adelantar su proyecto productivo.

Aquel predio fue adquirido por la familia en 1992, de acuerdo con lo que le narraron al Juzgado de Restitución de Tierras en la respectiva demanda. Además de los cultivos, tenían galpones de pollos y gallinas. Dos años después, en 1994, empezaron las amenazas de las FARC. “Como mi esposo subía a la finca, hablaron con él en el camino y le dijeron que no volviera por allá. Él sabía que eran miembros de la guerrilla (...) entonces él conversó conmigo y decidimos que no íbamos a volver más al predio”, narró Castro. En abril del 2002, detalla ella, hombres armados pertenecientes a las autodefensas asesinaron a Gonzalo.

La demanda, que ahora beneficia a la familia, no solo le permite recuperar su propiedad, sino también ponerse al frente del cultivo de una hectárea de limón Tahití y de la renovación de una hectárea y media de cacao. Esta familia se convierte en la primera en verse beneficiada por el proceso de restitución en San José de Apartadó.

En 2020, Gloria y sus dos hijos, de la mano de la URT, radicaron la demanda para recuperar su espacio y para expulsar de allí a los particulares que habían invadido. Finalmente, el 15 de diciembre del 2021, un juzgado reconoció y devolvió los derechos legales que tenía la familia sobre siete hectáreas de aquel espacio. Fue hasta este año, sin embargo, que les fue notificada la luz verde para el retorno a su antiguo hogar.

Los $40 millones que recibieron por parte de la autoridad encargada fue destinado, no solo a la poda, fumigación y control de hongos y siembra del cultivo, sino también para la entrega de equipos agrícolas con los que podrán agilizar sus labores allí. Así mismo, a esto se suma la entrega de una unidad de captación de agua para el riego del mismo. La implementación de este proyecto productivo será acompañada durante 24 meses para comprobar su correcto funcionamiento. Estas acciones de revisión serán adelantadas por un profesional productivo de la URT.

“San José de Apartadó es un territorio reconocido en el país por estar en medio de un conflicto que marcó su historia. Esta noticia es importante porque demuestra que a pesar de las vicisitudes, estamos trabajando por las víctimas”, destacó Dairo Montiel, director territorial de la URT en Apartadó.

“Somos mujeres y muchas veces nos discriminan porque dicen que no somos capaces, y acá damos un ejemplo de que sí somos capaces de realizar estos proyectos (...) las mujeres campesinas somos ‘berriondas’, somos luchadoras, con miedos, pero lo botamos para luchar”, comentó Gloria. Al mismo tiempo, la mujer invitó a las demás víctimas de desplazamiento forzado y despojamiento de tierras a solicitar lo que, al igual que a ella, les fue arrebatado.

Este mes se cumplieron 11 años desde que se implementó la ley 1448 de 2011 y la Unidad de Restitución de Tierras. Según destacó la Unidad, hasta la fecha se han recibido 138.958 solicitudes de restitución de tierras. De ese total, 18.882 se hicieron en los últimos cuatro años. Desde el 2011 se han presentado 18.016 demandas respecto a esta misma situación, de las cuales se han emitido 7.169 sentencias que han beneficiado a 83.014 personas.

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