Congresistas del Centro Democrático protestaron por la medida de casa por cárcel para miembros de la Primera Línea

Por lo menos cuatro políticos de derecha consideraron que el juez que tomó la decisión se equivocó, aprovechando la oportunidad para insistir sobre la necesidad de instalar una reforma a la justicia

Integrantes de la primera línea marchan hoy por las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo
Integrantes de la primera línea marchan hoy por las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

La decisión del Juez 28 de Control de Garantías de Bogotá de dictar la medida de casa por cárcel para los cinco miembros de la Primera Línea de Suba, capturados el pasado 28 de agosto, no cayó nada bien entre los líderes de la derecha colombiana, que no dudaron en cuestionar la efectividad del sistema judicial del país.

La primera en hacerlo, sin contenerse de ninguna manera, fue la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que retuiteó la noticia a través de su perfil oficial, agregando que “es increíble como la justicia en Colombia parece diseñada para favorecer la criminalidad. Necesitamos una reforma a la justicia estructural que nos de #JusticiaJusta”.

El trino hace referencia a la polémica reforma del sistema judicial propuesta por el Gobierno nacional y que ya superó su primer debate en Cámara de Representantes, a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura insiste en que se trata de una iniciativa inconstitucional. La misma busca, entre otras cosas, cambiar la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte Suprema al eliminar el trámite de la lista de elegibles.

En ese sentido, la senadora Valencia no es la única que pone en duda a los togados colombianos y cuestiona su quehacer actual. También lo hace su copartidaria María Fernanda Cabal al tuitear, sobre exactamente la misma noticia, “Qué vergüenza estos jueces”.

Valga recordar entonces que el togado Jorge Bernal, que tomó la decisión en cuestión, señaló durante la audiencia del 30 de octubre que tanto la medida de detención en centro carcelario, como la decisión de dejar a los miembros de la Primera Línea en libertad eran extremas, por lo que se inclinó por una salida salomónica, por definirla de alguna manera.

Igualmente, hay que señalar que, entre los factores tenidos en cuenta para enviar a alguien a la cárcel, o no, se encuentran el peligro que los acusados representan para la sociedad y la posibilidad que tienen de escaparse del radar de las autoridades mientras se adelanta el proceso en su contra.

No sobra anotar, entonces, que los seis individuos están identificados como Maura Valentina Díaz Flórez, Jonatan Steven Cortés Aldana (alias Z-11) y Karina Yurley Cepeda Andrade (alias Karo), aprehendidos en la localidad de Suba de la capital, junto a Andrés Felipe Rodríguez Chávez (alias Gato) y Julián Andrés Moreno Otero (alias Flaco); y están acusados por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, tortura, secuestro, lesiones personales, daño en bien ajeno, hurto calificado y obstrucción de vía pública.

De ahí que la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo, cuestionara a través de la misma red social que “¿Qué está pasando con nuestra justicia? Casa por cárcel para cinco integrantes de la ‘Primera Línea’ que torturaron policías y destruyeron buses. ¿Complicidad con el crimen?”.

En términos similares se expresó el senador Carlos Felipe Mejía, del mismo partido, que advirtió que “¿Cómo no vamos a necesitar con urgencia una #ReformaALaJusticia, si estamos rodeados de jueces que dejan libres a los peores criminales o les dan casa por cárcel como a estos 5 delincuentes de la ‘Primera Línea’ que torturaron policías y destruyeron buses?”.

A fin de cuentas, la misma Fiscalía General de la Nación acusó a los sujetos de incendiar los vagones de varios buses de TransMilenio, vandalizar estaciones de ese sistema de transporte masivo; daños que ascenderían a 761 millones de pesos. Por otro lado, la Fiscalía dice que los capturados robaron a varios ciudadanos.

A los reparos de los políticos de derecha se suman los del ente acusador que, junto a la Procuraduría General de la Nación, apelaron la medida tras considerarla laxa por los crímenes de alto impacto que habrían cometido los individuos implicados.

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