La historia del ‘zar’ de la droga que utilizó tres identidades indígenas para salvarse de la extradición

Después de su captura, y tras ser sentenciado por parte de la justicia indígena de los pueblos a los que supuestamente hacía parte, la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado a las comunidades nativas por concederle arraigo al delincuente vinculado al Eln

La historia del ‘zar’ de la droga que utilizó identidades indígenas para salvarse de la extradición. Fotos: Ejército, Colprensa - foto de referencia
La historia del ‘zar’ de la droga que utilizó identidades indígenas para salvarse de la extradición. Fotos: Ejército, Colprensa - foto de referencia

El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención a las comunidades indígenas Kakaoña Marka, Canoas y Chinchaysusyu, ubicadas en diferentes puntos del país. La razón: permitir que alias ‘Motorola’, narcotraficante conocido como ‘zar’ de la droga en el Cauca, se identificara como parte de dichos colectivos y, con eso, pretendiera evitar su extradición a Estados Unidos.

El pasado 3 de marzo de 2020, el Ejército Nacional notificó a la ciudadanía que se logró la captura de Franco Ruiz, señalado por ser integrante y jefe de finanzas del frente Manuel Vásquez Castaño y José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln). En el momento, se informó que el delincuente respondería por los delitos de concierto para delinquir, rebelión agravada y porte ilegal de arma de fuego.

De acuerdo con la autoridad, el capturado en Popayán, capital del Cauca, era considerado como uno de los narcotraficantes más buscados del territorio. Al mismo tiempo, según la comunicación oficial, la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, requería al sujeto en extradición por delitos relacionados con narcotráfico hacia países de Centroamérica y con destino final en el norte del continente.

Según la acusación del tribunal extranjero, Ruiz no era cualquier narcotraficante. El documento, al cual tuvo acceso El Tiempo, tenía alianzas con otras organizaciones delictivas a lo largo del continente para fabricar y transportar el alcaloide. Para esto, contó con lanchas de alta velocidad, embarcaciones de carga, barcos de pesca, sumergibles, aviones, vehículos motorizados y demás medios de transporte. Todo, en ruta al país norteamericano.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se vio frente a una dificultad: el fuero indígena que rige bajo Ruiz, quien figura en tres colectivos como integrante. De acuerdo con la etnia Kakaoña Marka, Ruiz viene realizando actividades delictivas desde 2020 y, por esto, se le investigó y capturó. Por otro lado, el pasado 12 de febrero de 2020, la justicia indígena lo declaró culpable por los delitos de narcotráfico y financiación de grupos guerrilleros ilegales. Por esto, fue condenado a 15 años de castigo a cumplir en un Centro de Armonización propio de la creencia.

En su defensa, ‘Motorola’ presentó los documentos y explicó que ya había sido objeto de condena al interior de la justicia indígena. Sin embargo, la Corte tuvo en cuenta que, por su nacimiento en el Cauca, y dos censos contradictorios reportados por el Ministerio del Interior, su múltiple arraigo indígena presentaba irregularidades.

Frente a esto, el alto tribunal resolvió que la justicia indígena era legítima en su jurisdicción sobre el delncuente, ya que su acción delictiva “desarmonizó el pueblo ancestral nasa, en la medida que atentó contra sus usos, costumbres y tradiciones al lesionar injustamente a la sociedad cultural mayoritaria”, indicó la Corte, pese a las dudas que generó su identidad múltiple.

“Esos sucesos lo hacen merecedor del derecho colectivo y subjetivo a que sea tal autoridad ancestral quien juzgue las conductas cometidas por el implicado con base en sus usos, costumbres y tradiciones, cuya finalidad se explica en el respeto y protección de la identidad étnica y cultural”, detalló, según conoció El Tiempo.

La extradición de Ruiz fue avalada, a pesar del reconocimiento de la Corte. Sin embargo, a su regreso al país, el sujeto deberá pagar la pena impuesta por la justicia del Cabildo Indígena Kakaoña Marka. Esto no evitó que el alto tribunal alertara a los colectivos por este confuso caso:

“Para que no se permita a la criminalidad organizada permear ese especialísimo ámbito sociocultural, a fin de instrumentalizar sus grupos, comunidades, estructuras sociales, creencias, estilo de vida y principios con el propósito de blindarse y acceder a un trato especial que no le corresponde, con lo cual, no sólo se profana ese ámbito digno de veneración y respeto, sino que se burla a la justicia tanto ordinaria como comunitaria indígena”, aseveró.

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