Estados Unidos se mostró de acuerdo con la imputación de la JEP a militares por ‘falsos positivos’

Apenas horas después de que se diera a conocer la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imputar a 11 miembros de la fuerza pública y a un civil por su participación en el flagelo de los ‘falsos positivos’, la Embajada de Estados Unidos publicó un mensaje reconociendo lo anunciado.

“Reconocemos la acción de @JEP_Colombia hacia la rendición de cuentas de los principales responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, impartiendo justicia a las víctimas y garantizando la no repetición de estos delitos”, reza el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de los representantes del Gobierno norteamericano en Colombia.

Se trata de un espaldarazo importante en medio de un contexto en el que miembros del partido de Gobierno, incluido el líder Álvaro Uribe, no tienen problema con poner en duda tanto la legitimidad del organismo de justicia transicional, como sus decisiones y hasta estudios. Reconocido es el caso de la revelación sobre las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, la que sería la verdadera cifra de ‘falsos positivos0 que se registraron en el país, principalmente entre 2002 y 2008.

No hay que olvidar que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 11 miembros del Ejército Nacional, de la Fuerza Pública y a un civil por el caso 03 conocido como ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.

La sala hizo la imputación de crímenes de guerra a un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, a un cabo, y a un tercero civil en el subcaso de Norte de Santander y el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008 que dejó al menos 120 víctimas mortales. Las personas son:

- Brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30

- Coronel Santiago Herrera Fajardo, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15

- Coronel Rubén Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15

- Teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña

- Teniente coronel Gabriel de Jesús Rico Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN

- Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del batallón de Infantería Francisco de Paula Santander

También contra antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):

- Capitán Daladier Rivera Jácome

- Sargento segundo Rafael Urbano Muñoz

- Sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN

- Cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15

Finalmente, al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. En este caso el civil fue imputado como coautor por desaparición forzada y asesinato.

“Estas personas son acusadas penalmente del crimen de guerra por homicidio en persona protegida conforme al código penal colombiano. Actuaron siendo conscientes de que era un crimen y también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, señaló la magistrada Catalina Díaz.

La JEP determinó que la mayoría de las 120 víctimas fueron hombres menores de 25 años, agricultores, comerciantes y transportadores. Además, señaló que algunos fueron sacados con engaños de sus territorios, incluso desde Soacha (Cundinamarca), para que llegaran al Catatumbo, donde finalmente se cometieron los homicidios.

Las denuncias de la población del Catatumbo obligaron al cambio de modalidad. El 5 de diciembre de 2007, durante el consejo de seguridad de la Alcaldía de Ocaña, al cual asistieron miembros de la plana mayor del BISAN y del estado mayor de la BRIM15, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el asesinato de civiles para presentarlos ilegítimamente como bajas en combate.

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