Ordenan arresto del director del Inpec por desacatar un fallo de tutela

El mayor general Mariano Botero Coy deberá permanecer recluido durante cinco días por no haber cumplido con una tutela que se emitió en 2020.

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Mariano de la Cruz Botero Coy, nuevo director del Inpec. / Colprensa
Mariano de la Cruz Botero Coy, nuevo director del Inpec. / Colprensa

Un nuevo hecho desestabiliza otra entidad estatal: este 6 de julio en horas de la tarde, se ordenó el arresto del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mayor general Mariano Botero Coy, por haber desacatado un fallo de tutela emitido en 2020. La orden fue dada por Yaneth Constanza Ome de Moreno, magistrada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (Huila), quien señaló que el uniformado debe ser recluido durante cinco días. Así mismo, el uniformado deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 4.542.630 pesos.

La razón para imponer esta sanción al mayor es el incumplimiento de un fallo de tutela emitido por la misma magistrada Ome de Moreno en octubre de 2020. En esa oportunidad se le pidió al uniformado, en calidad de director del Inpec, que trasladara de cárceles a los reclusos del centro de detención transitoria de Pitalito y las estaciones de la Policía Nacional de ese municipio y de Isnos (Huila) porque estaban hacinados.

Botero cumplió parcialmente la medida, pues trasladó a quiénes estaban en esos sitios de detención al momento del fallo, pero no hizo lo mismo con quienes ingresaron con posterioridad a esa fecha. Para el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito no obedecer completamente la orden es desacatarla y por eso sancionará al mayor.

“El fallo debe observarse de manera integral y no parcialmente, pues protegió los derechos no solo de las personas retenidas en ese momento sino las que llegaren a retener, por lo tanto, no es de recibo el argumento expuesto por la parte incidentada cuando expresa el cumplimiento total del mismo”, dijo el Juzgado Primero Civil de Pitalito a través de un comunicado oficial.

Hay que recordar que esta situación inició el año pasado, cuando la procuradora Provincial de Garzón, María del Pilar Artunduaga Osorio, y el personero de Pitalito, Hernando Reyes Lizcano, tutelaron al Inpec y a la Alcaldía de Pitalito. La acción se fundamentó en que se estaban “vulnerando los derechos fundamentales a la vida y a la salud en condiciones dignas” a los reclusos de los centros mencionados anteriormente.

En ese momento se realizaron las investigaciones pertinentes y se ordenó el traslado de las personas que estaban en el Centro de Detención Transitoria y las estaciones de la Policía en los municipios de Pitalito e Isnos. Así mismo, hay que resaltar que la magistrada Ome de Moreno reiteró que la decisión cobijaría a futuros reclusos.

“Se deben garantizar los derechos fundamentales a las personas que se encontraban detenidas en estos lugares y que se lleguen a detener en las estaciones de policía de los municipios de Pitalito e Isnos, y Centro de Detención Transitoria de Pitalito y a quienes se les haya impuesto medida de aseguramiento o hayan sido condenadas y lleven o lleguen a tener en dichos lugares más de 36 horas”, se lee en la sentencia emitida por la togada.

En junio se hizo seguimiento a esta orden y se determinó que no se había cumplido, sin embargo, el inpec aseguró que sí lo había hecho. La oficina jurídica de la entidad aseguró que cumplieron con el traslado de reclusos, pero ya no lo estaban haciendo porque, básicamente, se liberan cupos en sus centros penitenciarios de Pitalito e Isnos.

“La prueba de ello es que este despacho ya ha ordenado levantar las sanciones impuestas a la dirección del Inpec La decisión tutelar se profirió en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias de tiempo y modo, y que las personas que permanecían privadas de la libertad para esa época en la Estación de Policía de los municipios de Pitalito e Isnos y en el Centro de Retención Transitorio de Pitalito, ya fueron recibidas”, dijo el Inpec.

Para el Juzgado Primero Civil de Pitalito esto está mal porque ellos no dieron la orden de revertir el fallo. Ante el hecho, enviaron la decisión de sancionar al mayor Botero a la Sala Civil, Familiar y Laboral del Tribunal Superior de Neiva, la capital del Huila, para que cumpla el proceso de consulta sobre la misma.

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