El presidente de Colombia, Iván Duque (EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)
El presidente de Colombia, Iván Duque (EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)


Sigue creciendo el escándalo por la muerte de ocho niños en un bombardeo del Ejército a un campamento de disidencias de las FARC en el Caquetá, que ya produjo la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, pero que sigue teniendo al presidente Iván Duque en el ojo del huracán ahora por cuenta de una denuncia ante la Corte Penal Internacional que el vicepresidente del Senado, Alexander López, afirmó que interpondría.

López, que es senador del Polo Democrático, partido de izquierda opositor al Gobierno, dijo que en la denuncia ante la CPI argumentará que el Gobierno en cabeza del presidente Duque, incurrió en una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y que la acción también irá contra el exministro Botero y la cúpula militar.

Al momento de presentar los resultados de la operación, que dejó 14 muertos, Duque afirmó que él había autorizado el bombardeo y que la acción militar se había llevado con el más alto rigor. Dos meses después, en medio de el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el país conoció que entre esos muertos habían ocho menores y todavía el Gobierno y las Fuerzas Militares no han podido disipar la duda de si sabían con antelación al bombardeo que en el campamento estaban esos niños.

La operación en la que se bombardeó el campamento de las disidencias, produjo la muerte de ‘Gildardo Cucho’, quien había asumido el mando de las disidencias del Caguán después de que fuera abatido “Rodrigo Cadete”.

Pese al resultado y tras el escándalo por los niños muertos, también se ha conocido otra información sobre alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, denuncias de la comunidad y del propio alcalde de Puerto Rico (Valle de Cauca) en las que se afirmaba que en el sector habían casos de reclutamiento forzado, levantando cuestionamientos sobre el conocimiento que tenía inteligencia militar frente a la presencia de menores en el campamento bombardeado.

Sobre esto justicia López su denuncia, la cual también llevará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes -instancia encargada de investigar al presidente- para que se determine la responsabilidad que tuvo Duque, su ministro Botero y la cúpula militar en la muerte de estos menores.

Se ampara el senador en el artículo 28 del Estatuto de Roma que dio facultades a la CPI para juzgar los crímenes de lesa humanidad en el mundo. Alí señala claramente que el “jefe militar o el que actúe como jefe militar será penalmente responsable delos crímenes en competencia de la Corte”.

Y agrega: “cuando hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos”; y cuando “no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.

Hasta el momento la respuesta de Duque frente a la polémica ha sido de total respaldo a las Fuerzas Armadas y a su ministro saliente, al que elogió pese a aceptar su renuncia.

Además ha despertado una gran indignación nacional por la polémica frase: “¿De qué me hablas, viejo?”, que le respondió a un periodista tras ser consultado por los bobardeos en el Caquetá.