Este lunes arranca la tercera semana de bloqueos y conflictos en Bolivia que iniciaron con demandas sectoriales y derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, que lleva seis meses en funciones.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran 22 piquetes en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los campesinos de la Federación Túpac Katari han instalado “bloqueos indefinidos” para exigir la renuncia del primer mandatario. A este sector se sumaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena Ponchos Rojos que protesta en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz.
Para este lunes se tiene prevista la llegada de una marcha que los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron el martes pasado en la localidad orureña de Caracollo, distante a 190 kilómetros de La Paz.
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En una transmisión en vivo de la marcha, los manifestantes reclamaron por una diversidad de asuntos: la mala calidad del combustible, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y respeto a la Constitución Política del Estado, luego de que el Gobierno anunciara que impulsará una reforma parcial para ajustarla a su estrategia de desarrollo económico, entre otros.
Durante la marcha, se escuchaba a los manifestantes pedir la renuncia del presidente. “Que se vaya este gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie”, manifestó uno de los marchistas. “Solo está gobernando para unas pocas personas”, agregó.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, garantizó el derecho a la protesta siempre y cuando no se cometan “delitos”. “Si (esta marcha) es pacífica, si no cometen delitos, va a poder desarrollarse (la manifestación) y va a poder continuar su camino de vuelta hacia el trópico, pero si comete delitos, vamos a tener que tomar las acciones que nos ampara la ley”, señaló en una entrevista con el canal Unitel.
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Desde que inició el conflicto, el Gobierno ha realizado reuniones con algunos sectores movilizados, entre ellos maestros y mineros cooperativistas, para negociar sus demandas sindicales y ha logrado mitigar algunos frentes de conflicto.
Sin embargo, ante la radicalización de las protestas y los crecientes pedidos de renuncia, el Ejecutivo ha denunciado un “plan macabro” financiado por el narcotráfico para desestabilizar su gestión. Tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como algunos ministros y viceministros han responsabilizado al expresidente Morales de ser una especie de “autor intelectual” detrás de las protestas.
Para algunos analistas, fuera de los reclamos específicos de cada sector, la diversidad de las organizaciones movilizadas y los crecientes pedidos de renuncia son el síntoma de un descontento generalizado por la exclusión de sectores populares e indígenas en la toma de decisiones.
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“Lo que subyace como denominador común es que, más allá de las demandas sectoriales legítimas y habituales, es la sensación de reclamo político, de decir: ‘no nos van a estar ninguneando’”, explicó el analista político Pablo Deheza, en una entrevista con Infobae.
En medio de la ola de protestas, los habitantes de La Paz atraviesan horas de tensión. Según reportes locales, el transporte público se ha suspendido parcialmente al igual que las clases escolares en algunos colegios, que han optado por la modalidad virtual mientras se mantiene el conflicto. También se reportan la escasez y el encarecimiento de productos de la canasta básica.
En tanto, el centro de la ciudad permanece con resguardo policial y se han instalado anillos de seguridad en torno a la Plaza Murillo, donde están las sedes del Legislativo y Ejecutivo, ante la inminente llegada de los marchistas.
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El fin de semana, las autoridades desplegaron un operativo policial y militar en algunos piquetes para habilitar un “corredor humanitario” para el transporte de comida e insumos médicos. Sin embargo, horas después los bloqueos se volvieron a instalar.