Daniel Noboa presentó una ley que impone ocho nuevas obligaciones a las ONG

El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia económica, el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, una propuesta que impone al menos ocho nuevas obligaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras.

La iniciativa ha encendido las alertas en múltiples sectores de la sociedad civil, que, si bien no se oponen a un marco que fomente la transparencia, advierten sobre la necesidad de mejorar los articulados del proyecto normativo.

Entre las obligaciones que establece el texto legal, se incluye el registro obligatorio en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SUIOS) y, en caso de recibir fondos del extranjero, también en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Además, se dispone la supervisión directa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), bajo normativas propias del sistema financiero y societario.

Las organizaciones deberán implementar sistemas internos de integridad que incluyan códigos de ética, políticas anticorrupción y la designación de responsables de cumplimiento. También deberán presentar informes públicos anuales detallados, con información sobre ingresos, egresos, beneficiarios, impactos y riesgos.

Se exige la aplicación de procedimientos de debida diligencia para identificar donantes y beneficiarios, incluso en operaciones pequeñas, así como el establecimiento de auditorías internas y externas periódicas. Aunque se plantea una vigilancia diferenciada basada en riesgo, el texto no detalla cómo se definirá dicho riesgo. También se prevén sanciones severas, como multas, suspensión de actividades o incluso la disolución de las organizaciones por incumplimientos administrativos.

<b>Supervisión financiera sin precedentes</b>

Uno de los aspectos más criticados es que la SEPS —una entidad concebida para supervisar cooperativas y entidades del sector financiero popular— asuma el control de miles de organizaciones sociales y comunitarias, lo cual resulta desproporcionado según diversos análisis técnicos.

Según cifras citadas en la exposición de motivos del proyecto, seis de cada diez organizaciones no tienen presupuesto definido y solo una de cada diez supera los USD 100 mil anuales. A pesar de ello, la normativa plantea las mismas exigencias de cumplimiento para todas.

En un comunicado suscrito por nueve organizaciones, entre ellas Fundamedios, la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, se expresa el respaldo a una legislación que refuerce la integridad y evite el uso de estructuras asociativas para actividades delictivas. Sin embargo, se insiste en que la ley debe incorporar un enfoque diferenciado, escalonado y razonable, que no imponga cargas técnicas o financieras inalcanzables para organizaciones pequeñas, comunitarias o de base.

También se propone establecer espacios de diálogo institucional con las ONG, programas de capacitación y medidas de fortalecimiento institucional en lugar de medidas únicamente punitivas.

<b>Una narrativa oficial estigmatizante</b>

El malestar de la sociedad civil no se limita al contenido técnico del proyecto, sino también al discurso con el que el Ejecutivo lo ha promovido. El lunes 28 de julio, el presidente Noboa afirmó: “En el Ecuador se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero”.

A esto se sumó la jefa del bloque oficialista, Valentina Centeno, quien aseguró que “muchas de las fundaciones son vehículos para financiar grupos de delincuencia organizada, minería ilegal o paralizaciones violentas contra el gobierno y el Estado”. Ninguna de estas acusaciones, sin embargo, se encuentra respaldada por evidencia empírica en el texto del proyecto de ley ni por informes oficiales disponibles.

La narrativa oficial, según expertos, puede fomentar estigmatización y desconfianza hacia organizaciones que ejercen roles legítimos de crítica, defensa de derechos o acción humanitaria.

Diversas voces advierten que el proyecto amenaza con reducir el espacio cívico en Ecuador. Al imponer condiciones similares a las de sujetos obligados financieros, se corre el riesgo de ahogar la operatividad de organizaciones pequeñas. Además, la posibilidad de disolución administrativa por incumplimientos formales —sin mediación judicial— podría facilitar abusos de poder.

El proyecto tampoco contempla mecanismos de acompañamiento técnico, ni establece una evaluación de riesgos sectorial como recomiendan los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advierten contra la sobrerregulación indiscriminada. Por el contrario, el GAFI insiste en que solo debe aplicarse control estricto sobre organizaciones identificadas previamente como de alto riesgo.

La Asamblea Nacional ha confirmado que recibió el proyecto y que será tratado en lo siguientes 30 días.