La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, abogó por su ex ministra de Salud, que pese a enfrentar la fase terminal de una enfermedad que le ha quitado el habla y la capacidad de movimiento, enfrenta un juicio por un caso sobre presunta corrupción relacionado a una gestión anterior a la suya.
Añez hizo público el pedido de la familia de María Eidy Roca quienes solicitaron al juez de Sentencia Anticorrupción de La Paz, William Rodríguez, que le devuelvan la fianza de 70 mil bolivianos (equivalentes a cuatro mil dólares al tipo de cambio paralelo) “para atender los gastos interminables de una vida que llega a su fin”. Esta fianza fue aplicada en 2021 cuando la Justicia le otorgó medidas sustitutivas debido a su estado de salud.
“Si la justicia no actúa con inmediatez, oportunidad y respeto a la dignidad y la vida, seguirán vulnerando sus derechos hasta su muerte”, escribió la ex mandataria en su cuenta de X y afirmó que Roca es “una de las víctimas de este sistema perverso de justicia”.
La ex ministra Roca padece Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) y demencia frontotemporal agramatical. Estas enfermedades neurodegenerativas le han provocado el impedimento del habla y debilidad física progresiva, al punto de haber perdido la capacidad de movimiento y de deglución.
El proceso judicial que enfrenta tiene que ver con la compra con sobreprecio de 500 respiradores durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, los respiradores no fueron adquiridos durante su gestión: la negociación se realizó en abril de 2020 y el primer lote de 170 respiradores llegó el 14 de mayo. Luego de que se destapara el escándalo de sobreprecio y los cuestionamientos sobre la utilidad de los aparatos, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, renunció al cargo. Roca asumió como ministra el 20 de mayo, una semana después del arribo de los primeros ventiladores.
En febrero de 2021, ya con los juicios encima, Roca aclaró: “Mi persona no participó en el proceso de contratación de los respiradores, en el mes de abril (de 2020) cumplía funciones en la dirección de promoción de salud”.
No obstante, la Fiscalía consideró que tenía pruebas suficientes para involucrarla en el proceso y en abril de 2021 la Justicia dictaminó detención domiciliaria, una fianza de 70 mil bolivianos, arraigo, presentación ante la Fiscalía cada viernes y prohibición de trabajo.
El escándalo de los respiradores
Entre abril y mayo de 2020, el Gobierno interino de Añez hizo dos grandes compras de respiradores: 170 ventiladores españoles y 324 chinos, ambas adquisiciones se hicieron a través de intermediarios bajo un decreto que permitía hacer compras directas debido a la emergencia sanitaria.
Tras el arribo de los equipos españoles surgieron cuestionamientos médicos sobre su utilidad porque no eran aptos para cuidados intensivos y no habían llegado con todos los accesorios. A partir de entonces se revelaron otras irregularidades en el precio de los ventiladores: el Gobierno pagó por cada aparato 28.080 dólares, pero el fabricante los vendía en 7.194 dólares.
El fiscal asignado el caso, Omar Mejillones, manifestó se presume que hubo un acto de corrupción que explicaría el contrato favorable con el intermediario, según declaró en un reportaje de Connectas. Al menos 11 personas han sido implicadas en este caso.
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