En un contexto de creciente preocupación por el estado de la institucionalidad democrática y las libertades fundamentales en Bolivia, un informe revela un aumento de vulneraciones en el último año. De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, el año pasado cerró con 915 casos de vulneraciones, cifra que representa un incremento del 19% respecto a 2023 y marca un promedio de 76 casos mensuales, lo que equivale a entre dos y tres casos por día.
El informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024” presenta datos sobre seis categorías: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, derecho de los defensores, institucionalidad democrática, y libertad de reunión pacífica y protesta.
El documento destaca la categoría de institucionalidad democrática a través de la cual se evalúa la independencia de poderes, el Estado de derecho y el acceso a la justicia, entre otros puntos. “Este enfoque resulta pertinente en un año en el que la confianza en las instituciones son fundamentales para la estabilidad democrática”, señala el informe.
De las seis categorías monitoreadas, la más afectada en 2024 fue la institucionalidad democrática con 525 casos, que representan el 57% del total de registros y un aumento del 28% en relación al año anterior, seguida de la libertad de prensa (150).
“Las cifras negativas en ambas categorías muestran, por un lado, la fragilidad de la institucionalidad del Estado en temas específicos como la presunción de inocencia, la corrupción, el acoso político u otras vulneraciones cometidas por acción u omisión estatal relacionadas con eventos específicos”, señala el informe.
Por otro lado, apunta que los registros contrarios a la libertad de prensa “confirman el permanente estado de alerta y riesgo” en el que se ven involucrados los periodistas, no solo por agresiones directas sino también por falta de protección y garantías para el ejercicio de su trabajo.
El principal tipo de vulneración a la institucionalidad fueron actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (282 casos), seguido del acoso político (70), principalmente dirigido contra mujeres concejalas, que una vez que asumen los cargos públicos son presionadas a renunciar para que sus suplentes -generalmente varones- asuman los puestos. Como dato, entre 2018 y 2023, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia recibió 710 denuncias de acoso político.
Otros puntos relevantes en la categoría de institucionalidad fueron la corrupción (48 casos) y los procedimientos no basados en las normas (48), estos últimos relacionados con autoridades que de otra u otra forma contradicen las leyes vigente. El Observatorio identificó un incremento sostenido en esta categoría desde 2022, cuando se reportaban 199 casos y en 2023 se registraron 379 actos.
Por otro lado, Unitas revela también un aumento de vulneraciones relacionadas con los incendios forestales entre el tercer y cuarto trimestre de 2024, cuando se quemaron más de diez millones de hectáreas en todo el país, referidas principalmente al incumplimiento de funciones de autoridades, agresiones a periodistas y violaciones a otras categorías, como la libertad de reunión.
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas es una instancia que desde el año 2014 monitorea y registra casos de vulneración a las libertades, la institucionalidad democrática y la defensa de derechos en Bolivia, su documentación está disponible en la página web.
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