Cómo se construye un narcoestado: todo listo para el juicio del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández en Nueva York

El juez Kevin Castel dio el no va más a inicios de año, cuando negó una nueva petición del abogado Raymond Colon, defensor del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, de aplazar 45 días el juicio por narcotráfico y tráfico de armas cuyo inicio está programado para el próximo 5 de febrero. Razones de salud, alegó Colon, le han impedido estudiar a fondo el extenso expediente judicial. Castel lo negó y, a falta de posibles recursos de última hora, todo está listo en la corte del distrito sur de Manhattan para que un jurado escuche los alegatos contra quien fue el hombre más poderoso de Honduras durante casi una década y, al decir de los fiscales estadounidenses que lo acusan, convirtió a su país en un narcoestado en el que el poder político estuvo al servicio de grandes traficantes de cocaína, incluido Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo” de Sinaloa.

En mayo del año pasado, el equipo de fiscales dirigido por Damian Williams presentó a la corte un escrito en el que resumen su caso y adelantan pruebas y testimonios que presentarán durante el juicio. La tesis planteada en ese documento es que Juan Orlando financió su carrera política con dinero procedente del narcotráfico, que una vez en el poder trabó relaciones criminales con los principales traficantes del país y que, a la postre, tomó el lugar de esos capos. Eso, alegan los fiscales, hundió a Honduras en la miseria y la violencia.

“El tráfico de drogas que ocurrió con el apoyo de Juan Orlando, y con la ayuda de oficiales de alto rango… resultó en caos y contribuyó directamente a la crisis de violencia criminal, corrupción y pobreza”, escribieron Williams y los suyos en un documento de acusación de 96 páginas que presentaron al tribunal el 1 de mayo de 2023.

De lo expuesto por los fiscales se entiende que Estados Unidos, que en algún momento fue uno de los principales valedores políticos de Juan Orlando Hernández, tenía sospechas de las actividades criminales del exmandatario y su entorno al menos desde 2014. Ese año se entregó a agentes federales estadounidenses Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de la banda Los Cachiros, una de las más poderosas de Honduras desde principios de siglo, cuyo testimonio fue uno de los primeros que involucró directamente al entonces mandatario con empresas criminales.

También en 2014 agentes estadounidenses, apoyados por el entonces director de la policía hondureña, el general Ramón Sabillón, detuvieron a los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, a quienes los fiscales norteamericanos identifican como jefes del cartel de droga más importante cuando Juan Orlando Hernández asumió como presidente tras ganar las elecciones un año antes.

Sabillón, el director policial que capturó a los narcos, interrogó a los Valle; fueron ellos los primeros que le contaron que el hermano del entonces presidente estaba metido de lleno en el negocio del trasiego de cocaína.

A principios de aquel año, Leandro Osorio, entonces jefe de la inteligencia policial, recibió información de que en un cerro conocido como La Iguala, cerca de Gracias, la ciudad en que nacieron los Hernández, había un laboratorio en que se procesaban cocaína y marihuana. Osorio llegó hasta el lugar y detuvo a dos personas, incluido un colombiano, a quienes remitió a la oficina del Ministerio Público (MP) en Gracias. El policía se dio cuenta, muy pronto, de que los fiscales daban largas a la investigación; no lo entendía hasta que alguien le dijo que los capturados tenían la protección de “un político importante”. Osorio descubrió, luego, que ese político era Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente.

Las sospechas de los investigadores, tanto los de Estados Unidos como los hondureños que fueron capaces de investigar al hombre más poderoso del país, no hicieron más que crecer a partir de aquel 2014.

A las capturas de Los Cachiros y Los Valle Valle siguió en 2015 la caída de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, el antecesor de JOH, como se conoce a Juan Orlando Hernández en Honduras. En 2017 detuvieron en Guatemala a Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, otro narco hondureño. En 2020 fue detenido en Miami, Geovanny Fuentes Ramírez, un narco que luego declaró haber sido socio de Hernández en un narcolaboratorio en el norte de Honduras. Durante años, estos hombres contaron a agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y del FBI cómo se aliaron al presidente Hernández y cómo él fue construyendo su imperio criminal.

Tony Hernández, el hermano de JOH, fue detenido en Miami en 2018. Fue juzgado y condenado a dos cadenas perpetuas en 2021. Varios de los narcos capturados antes que él fueron testigos en su juicio; contaron la historia que, esperan los fiscales, los jurados volverán a oír en el juicio de Juan Orlando, la historia de un grupo político que financió su operación con dinero de la droga y terminó siendo protagonista del trasiego de cocaína por una de las rutas cruciales del continente, la que conecta los cargamentos que llegan por vía aérea de Colombia, Venezuela y Ecuador a Centroamérica con la salida hacia el norte por Guatemala y México.

Los fiscales estadounidenses lo describen así: “Juan Orlando… tenía una influencia increíble y se alió con algunos de los narcotraficantes más notorios de Honduras y les permitió que florecieran bajo su control. Estos narcotraficantes, mientras desarrollaban sus operaciones, trabajaban de cerca en conexión con cargamentos de droga y para neutralizar amenazas comunes. Hacían esto, en parte, pagando sobornos y proveyendo apoyo a funcionarios gubernamentales y policiales de alto nivel. Esta relación simbiótica, y el ciclo de corrupción y dinero que alimentaba, eran el corazón de la conspiración imputada”, dicen. A la cabeza de esa conspiración, los agentes ubican al expresidente Hernández.

Junto a Juan Orlando Hernández se sentarán otros dos exfuncionarios hondureños en los banquillos de los acusados durante el juicio que empieza en dos semanas. Ellos son Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre, ex director de la Policía Nacional (PN) y jefe de sicarios al servicio de JOH de acuerdo con los estadounidenses, y Mauricio Hernández Pineda, otro expolicía y primo del expresidente, quien recibía hasta USD 200,000 por cada cargamento de cocaína que protegía.

Se espera que varios de los narcos capturados desde 2014, incluidos los que se entregaron por su voluntad a Estados Unidos, como el “cachiro” Devis Leonel Rivera Maradiaga, sean llevados a la corte de Nueva York para servir de testigos. En los documentos de acusación, los fiscales ofrecen los testimonios de al menos cuatro de ellos.

También dará testimonio Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, según confirmó el pasado 17 de enero Pro-Honduras Network, una organización sin fines de lucro formada por hondureños radicados en Estados Unidos que ha seguido de cerca los juicios a narcos de su país desde que estos empezaron a mediados de la década pasada.

En septiembre de 2017, Lobo fue condenado a 24 años de prisión tras un juicio en el distrito sur de Nueva York, el mismo en el que será juzgado JOH. Durante las audiencias en el caso de Lobo, el narco Devis Leonel Rivera, de Los Cachiros, testificó que el hijo del expresidente le ayudó a movilizar droga desde el noreste de Honduras hasta el occidente del país, donde la cocaína era entregada al cartel de Los Valle Valle. Rivera describe cómo los cargamentos eran protegidos por caravanas y blindados gestionados por Lobo, quien siempre dijo que lo hacía todo con la bendición de los Hernández.

Los fiscales presentarán prueba de que Lobo propició una reunión con Los Cachiros para ofrecer protección de oficiales hondureños, con el permiso de Hernández, a los cargamentos de cocaína. Uno de los que colaboró con los narcos, según los investigadores estadounidenses, es Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad en los tiempos de JOH.

Lo que los fiscales estadounidenses pretenden contar durante el juicio, si se atiende a lo expuesto en el escrito de acusación, es que Juan Orlando Hernández se convirtió en el político más poderoso de Honduras gracias, en gran parte, al dinero del narco. En su acusación, los norteamericanos aseguran que los principales carteles locales de la coca, como los Valle, los Cachiros y otros, además del Cartel de Sinaloa, financiaron el ascenso de JOH a la presidencia y, a partir de ahí, la simbiosis con el crimen organizado dio a Hernández el poder necesario para hacer muchas otras cosas, desde controlar todo el aparato del Estado hasta reelegirse de forma irregular en 2017. Mientras todo eso ocurría, la ruta de la cocaína se seguía ensanchando.

El principal argumento de Juan Orlando Hernández ha sido que él fue siempre un aliado confiable de los Estados Unidos, desde la administración de Barack Obama hasta la de Donald Trump, y que todo lo que él hizo fue siempre del conocimiento de los estadounidenses. Sus defensores han adelantado que ese será la línea más importante del expresidente durante el juicio.

Douglas Farah, presidente de IBI Consultants en Washington, DC cree que, en efecto, Estados Unidos sufrió durante mucho tiempo de una “ceguera consciente” respecto a Hernández y sus actividades criminales. “Estados Unidos tuvo durante mucho tiempo información sólida sobre Juan Orlando, sobre Tony Hernández, pero hubo una parte del gobierno que pensó que él era un activo muy valioso como para perderlo… Era narco, pero era nuestro narco”, dice Farah, quien fue corresponsal en Centroamérica para medios como The Washington Post en los 80 y es una de las voces más respetadas sobre la región centroamericana en la capital estadounidense.

Lo cierto es que, cuando Hernández dejó de ser presidente en enero de 2022, ya el Departamento de Justicia, al que están adscritos los fiscales de distrito neoyorquinos, tenía un caso criminal contra él. Cuando salió del poder, las cosas se precipitaron. El 8 de febrero, Estados Unidos le canceló la visa. De inmediato, Washington solicitó la extradición, la cual fue aprobada y ejecutada en abril de aquel año. Desde entonces, JOH aguarda juicio en Nueva York.

El 21 de abril, cuando Hernández fue extraditado desde Tegucigalpa, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en que describió a Hernández como uno de los capos de la droga más importantes del continente en los últimos años: “Participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos… Recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

Ya antes Estados Unidos había acusado a funcionarios extranjeros poderosos de colaborar con el narco o enriquecerse de él. A Manuel Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá, lo señaló por sus vínculos con los narcos, como lo hizo con militares y políticos mexicanos. Nunca, sin embargo, la justicia estadounidense había acusado con tanta claridad a un expresidente de poner todo el poder del Estado al servicio de una empresa criminal de este calado.