(Desde Santiago, Chile) El Senado de Chile aprobó y dejó listo para su promulgación la controvertida ley de usurpaciones que la Cámara de Diputados había aprobado hace un par de semanas.
Sin embargo, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá; como el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunciaron que, así como está, se presentará un veto presidencial.
La ley de usurpaciones busca aumentar las penas para quienes toman u ocupan sitios o viviendas, y la idea era convertir esto en delitos, pues hasta hoy solo se consideran como faltas. Se tipifica la situación de flagrancia, o sea que el delito se está cometiendo de forma permanente y durante todo el tiempo que dure la usurpación, y no solo las primeras 12 horas, que es lo que dice la norma actual.
Pero hay dos indicaciones que surgieron en el transcurso de la discusión del proyecto, y que fueron presentadas por la oposición, que no gustaron nada en el gobierno.
Se introdujeron dos figuras jurídicas, una es la flagrancia permanente, y la otra es la llamada legítima defensa privilegiada. En simple, esto último el gobierno lo entiende como “autotutela”, la posibilidad de que los mismos afectados puedan recuperar lo usurpado a la fuerza. La mezcla de ambos, la flagrancia permanente más la legítima defensa, lo ven como una bomba de tiempo.
“Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato va a estar detrás de esta ley, y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente, en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia”, dijo la ministra Tohá, quien aclaró que el veto solo es para el artículo que permite la legítima defensa privilegiada. Porque la ley en términos generales, y transformar las usurpaciones en delitos sancionados con cárcel, era de alta importancia para la administración de Boric. El objetivo, añadió Tohá, es “preservar lo positivo del proyecto”.
Hay un tercer punto que es menos controvertido que lo anterior, pero que tampoco ha acomodado al gobierno, y es que las penas que sugiere la ley son rígidas, independiente de que el inmueble se haya tomado a la fuerza o de alguna forma más pacífica, lo que se entiende que sería un problema con el tema de los campamentos.
Desnaturalizado
De aquí en adelante, el gobierno tiene 30 días para presentar el anunciado veto, aunque desde ya se avizora la instalación de una mesa técnica que permita limar esas diferencias antes de ingresar el veto y encontrar alguna solución media.
De todas formas, la advertencia del gobierno no cayó nada bien en la oposición. El senador Felipe Kast (Evópoli) dijo que “le diría al gobierno que no desinforme a la ciudadanía. Este proyecto no genera enfrentamientos. Me parece extremadamente grave que el gobierno en vez de apoyar este proyecto que quiere la ciudadanía y quiere este congreso, amenace con veto”, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Kasta explicó que la eximición de responsabilidad en el caso de la legítima defensa privilegiada, aplica solo cuando el dueño va a pedir que los usurpadores hagan abandono del lugar y este es agredido. Como si lo anterior no transformase una recuperación de terrenos en un pandemonio.
El senador Javier Macaya, presidente dela UDI, dijo que la negativa del gobierno a la ley “es ponerse del lado de la impunidad. En legislaciones comparadas, las usurpaciones son delitos que tienen la más alta gravedad y se les asigna penas de cárcel”.
Matóias Walker, senador de Demócratas, por otro lado, dijo que esta ley, como está, “lo que va a fomentar es el enfrentamiento armado entre particulares. Quiero recordarles que lo que la legítima defensa privilegiada, que se incorporó en la legislación en el código penal en los 90, lo que protege es la vida o la integridad física de la víctima o sus familias. Y eso se ha desnaturalizado con la forma en que se resolvió este tema”.
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