Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana: “Se consolida la situación de violación de Derechos Humanos en Nicaragua”

El titular del organismo entiende que luego del desacato en el que cayó la dictadura de Daniel Ortega al incumplir las sentencias, es responsabilidad de los países hacer seguimiento y enviar señales de los ataques que se cometen

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Ricardo Pérez Manrique es hasta fin de año el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y presentó este viernes 23 de junio en la Asamblea General de la OEA el estado de los derechos humanos en la región. Fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez
Ricardo Pérez Manrique es hasta fin de año el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y presentó este viernes 23 de junio en la Asamblea General de la OEA el estado de los derechos humanos en la región. Fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

(Washington, Estados Unidos) - El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Ricardo Pérez Manrique, dijo en entrevista con Infobae que luego del desacato en el que cayó la dictadura de Nicaragua al incumplir las sentencias, es responsabilidad de los países, políticamente, hacer declaraciones, tener un protocolo y hacer seguimiento para evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos señalados por la corte.

“Me preguntaban días pasados qué esperaba yo (de la Asamblea General de la OEA). Bueno, no puedo apostar al contenido de una decisión sobre esto, pero lo importante es que haya una decisión y que los estados asuman una posición sobre este tema”, dijo Pérez Manrique a Infobae previo a que la OEA aprobara la declaración el viernes.

Este fue uno de los asuntos más polémicos discutidos entre los países, porque Brasil pidió realizar cambios que suavizaron la declaración sobre la dictadura de Daniel Ortega que habían redactado otros países para lograr un consenso. Entre varios cambios que se realizaron se quitó la exigencia a Nicaragua para que “permita el acceso pleno y sin obstáculos a su territorio” a los órganos internacionales de derechos humanos. Eso se cambió por “un llamamiento” para que Nicaragua “coopere plenamente” con esos organismos.

Pérez Manrique también se refirió en la entrevista al autoritarismo creciente en la región y cómo se usa el temor de la ciudadanía por la inseguridad para tomar medidas que socavan las libertades.

FOTO DE ARCHIVO: el dictador nicaragüense Daniel Ortega, acompañado de su esposa Rosario Murillo, pronuncia un discurso ante simpatizantes en Managua, Nicaragua, en agosto de 2018 (AP)
FOTO DE ARCHIVO: el dictador nicaragüense Daniel Ortega, acompañado de su esposa Rosario Murillo, pronuncia un discurso ante simpatizantes en Managua, Nicaragua, en agosto de 2018 (AP)

A continuación un resumen del diálogo de Pérez Manrique con Infobae.

- Como presidente de la Corte Interamericana presentó a la Asamblea General de la OEA el informe del panorama de los derechos humanos en el continente. ¿Qué cambió en estos últimos ocho meses en esta materia?

- Nosotros realizamos nuestro informe en la Asamblea General de Lima y estaba referido al año 2021. En ese momento recordemos la situación del país anfitrión. De qué manera cambiaron las cosas en Perú bajo la presidencia de Castillo y luego todos los acontecimientos que sucedieron, para señalar algunos cambios. Hubo cambios políticos importantes en la región, como el cambio en Brasil y en Colombia. Lo que vemos con preocupación es que se consolida la situación de violación de Derechos Humanos y de abandono del sistema interamericano en países como Nicaragua.

Después veo un proceso, y esto lo digo por mi cuenta, por el cuál se está invisibilizando al centro, a las posiciones intermedias, a partir del avance de posiciones antagónicas. Es un fenómeno general de la región y que preocupa mucho porque la democracia y el estado democrático de derecho funciona sobre la base del diálogo, del debate. Es un régimen en el cual la mayoría decide pero las minorías tienen que ser respetadas y justamente esa es la función de los tribunales, tanto nacionales como internacionales.

- Usted marca la preocupación por Nicaragua, que está en desacato a la Corte. ¿Qué pueden hacer el resto de los países de la OEA para que esa situación cambie?

- El 28 de marzo presentamos un informe ante el Consejo Permanente de la OEA, donde planteamos esta situación de desacato en que está Nicaragua, que luego denunció la adhesión a la carta de la OEA. Señalamos la necesidad de recurrir al artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que cuando las sentencias y las decisiones del tribunal no son respetadas, el tribunal debe comunicar esto a la Asamblea General de la OEA a efectos de que tome las medidas que correspondan el plano de lo político. Porque un tribunal internacional no puede ejecutar directamente sus sentencias, sino que se abre una etapa que se llama supervisión de cumplimiento de sentencias en los cuales se trata, se colabora con los estados y con las partes para llegar a acuerdos de cumplimiento de la sentencia. Como no tenemos esa posibilidad de aplicar compulsivamente nuestra sentencia como un juez nacional, en el sistema internacional hay ciertas soluciones. Por ejemplo, el Convenio Europeo establece que ante el dictado de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso automáticamente pasa al Consejo y adquiere una dimensión política y el Consejo tiene un sistema de supervisión. En la OEA debería, ante las comunicaciones de incumplimiento, incorporarse al orden del día el seguimiento y tener protocolos o rutas de atención a esas advertencias que hace la corte para que no se sucedan en el tiempo mayores violaciones. Depende del campo político. Hay un momento en que el cumplimiento de estas decisiones es política, frente a una actitud de reiterado incumplimiento. Me preguntaban días pasados qué esperaba yo. Bueno, no puedo apostar al contenido de una decisión sobre esto, pero lo importante es que haya una decisión que contemple esto y que los estados asuman una posición sobre este tema.

- Nicaragua tiene un aislamiento político. No hay países que integren la OEA que tengan diálogo con la dictadura de Ortega. ¿Ese aislamiento la corte lo sintió? ¿Pudo tener respuesta o algún tipo de interacción con el gobierno de Nicaragua?

- La corte convocó a Nicaragua buscando escuchar al estado, trató de darle oportunidad de manifestarse. Inclusive la primera medida provisional de la corte le dice a Nicaragua que permita que una delegación de la corte o un juez de la corte se constituyan y verifiquen lo que usted está diciendo y los que están diciendo los denunciantes. El Estado de ninguna manera aceptaba eso. La última comunicación la hemos tenido el año pasado. No hubo más respuestas del Gobierno de Nicaragua y las respuestas eran del tono “no vamos a cumplir lo que ustedes resuelvan porque ustedes son parte de una conspiración internacional para derrocar al gobierno de Nicaragua”. Entonces es muy difícil romper ese aislamiento. Como tribunal a veces uno busca mediante la convocatoria de audiencias juntar a las partes, poder tener acceso al estado, a entender sus razones. E intercambiar posibles soluciones en su caso el tipo humanitario, pero en este caso no fue posible.

- A nivel político, los países discuten un planteo de Colombia y una propuesta concreta de Estados para actualizar la carta democrática de la OEA. El secretario general Luis Almagro dijo esta semana que se necesita esta actualización porque la militancia política cambió con el mundo digital. ¿En materia de Derechos Humanos, la Convención Americana necesita algún tipo de actualización para incorporar los cambios de las últimas décadas o con las herramientas que ya tiene es suficiente?

- El Tribunal Europeo sigue fallando en base a la Convención Europea, que es de 1950, y todos los casos y las complejidades jurídicas que se han dado se han resuelto. Creo que aquí, en un proceso de consenso, se podría pensar en ajustar aspectos que tienen que ver con el acceso a la justicia, con el tema del cumplimiento de las sentencias. Allí tenemos un tema que podemos pensar en solucionarlo desde el punto de vista reglamentario. Pero el problema en abrir estos documentos, que han sido tan virtuosos y que han tenido un valor histórico tan importante, es que en un momento tan especial puede significar un salto al vacío. Me preocupan mucho los saltos al vacío. Es forzosamente necesario partir de consenso. Pero abrir todo al debate es poner todo en cuestión (la convención) en función de las divisiones políticas que hoy hay en la región.

Una delegación de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Chile, durante el período ordinario de sesiones de la corte. 12 de junio de 2023, Santiago de Chile. FOTO: CorteIDH
Una delegación de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Chile, durante el período ordinario de sesiones de la corte. 12 de junio de 2023, Santiago de Chile. FOTO: CorteIDH

- La mayor preocupación que tiene la ciudadanía en casi toda la región es la seguridad. ¿Cómo visualiza esta problemática en la región y su afectación a los Derechos Humanos?

- La corte ha tenido que dictar sentencias vinculadas con situaciones que rozan aspectos de políticas de seguridad pública y de cada país, empezando por la opinión consultiva número 29 del 2022 sobre grupos especialmente vulnerables en el marco de reclusión. Ahí marca como hay determinados grupos (mujeres, niños, ancianos, indígenas, personas LGBTQ+ ver multiplicada vulnerabilidad cuando están privados de libertad. Pero también ha dictado sentencias que tienen que ver con el uso de la prisión preventiva y de otros institutos que pretenden de alguna forma adelantar el resultado de la prisión frente a la imputación de un delito, más allá de que no se haya llegado a una sentencia de condena. La corte en todas las sentencias dice que cada estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus habitantes. Que es libre de determinar cuáles son las líneas de política de seguridad que llevar adelante con todas las complejidades que tiene una línea política de seguridad que van desde la represión penal, la reclusión penal, las condiciones de reclusión, la respuesta punitiva, la determinación de delitos. Toda esa amplia gama, es absoluta competencia interna de cada estado. Lo que decimos es que los desafíos de seguridad no pueden llevar a soluciones que sean violatorias de los derechos humanos, porque los derechos humanos, son propias de la dignidad humana y van más allá de de la pretensión de los gobiernos. Entonces combatir el delito, preocupa el narcotráfico, preocupa la corrupción, preocupa la delincuencia organizada. Por supuesto. Pero combatirlos en el marco del estado de derecho. Si no estaríamos renunciando al estado de derecho para combatir un mal y en definitiva terminaríamos todos este absolutamente perjudicados.

- Cuando usted habla de esto y lo plantea en estos términos, no puedo dejar de pensar en el caso de El Salvador. Sé que ustedes no pueden hablar de casos concretos. Pero en términos generales, ¿cuánto pesa el tema de la seguridad en el aumento del autoritarismo en la región?

- El discurso de la seguridad que tiene como soporte el miedo de la población y que la población admita cualquier propuesta que suponga que le da mayor seguridad, es un caldo de cultivo para el autoritarismo, para que gobiernos autoritarios avancen sobre el resto de la libertades. Ese es el riesgo en que estamos, por eso esta la insistencia en esta en esta línea discursiva de que es posible combatir la inseguridad en el marco del respeto a los derechos humanos. Si no estaríamos admitiendo que elegimos mal el sistema por el cual nos regimos.

- ¿Es posible el regreso de Venezuela al sistema interamericano como están solicitando algunos países? ¿Qué condiciones se necesitan?

- Creo que no es bueno que se pierdan estados que acaten la convención americana y las reglas del sistema. Eso me parece que es absolutamente negativo. La experiencia hasta ahora es que el caso de Cuba ha sido un viaje sin retorno, en el marco de otras condiciones. Creo que es bueno que cada vez más países integren y ratifiquen la convención americana de Derechos Humanos y que acepten la competencia de la Corte Interamericana. Por otra parte, también es necesario que los países que se integren al sistema cumplan las reglas del sistema. ¿Quién va a evaluar si un país cumple o no cumple las reglas? Todos los países integrantes del sistema, que son los que tienen la posibilidad de abrir la puerta para que estos estos estados vuelvan o no. Ahí se va a dar otra vez la polémica que hablamos y ese enfrentamiento absoluto. Veremos cuál es el resultado.

- Más allá de los casos puntuales que analiza la CorteIDH, ¿qué aspectos sistémicos de lo que están sucediendo en las Américas le llama la atención en materia de derechos humanos?

- Si yo miro este año y medio de presidencia en la corte veo que se repiten casos vinculados con temas de discriminación, por distintas razones: de género, origen étnico, niños, niñas, adolescentes, grupos LGBTQ+. El tema de la discriminación sigue estando presente en este continente tan desigual. Hay bastantes casos más de lo que hubiera supuesto desde el sur de desaparición forzada y en los que no hay un esclarecimiento ni una voluntad, muchas veces, de esclarecer. Aparecen paulatinamente a partir de un cambio de jurisprudencia en que la corte hizo en 2017 casos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Allí hemos tenido casos de violencia obstétrica y también con mala praxis médica, dada la reacción que ha tenido el sistema interno en cuanto a la reparación de los daños causados. Hay casos de pueblos indígenas, sobre todo en Centroamérica. Los temas de libertad de expresión son absolutamente recurrentes.

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