El ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, anunció que las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón registraron un 16% menos de muertes violentas desde que el presidente Guillermo Lasso decretara un nuevo estado de excepción, el pasado 1 de abril.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad que ha puesto al gobierno contra las cuerdas. Las cifras oficiales indican que la tasa de homicidios pasó de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, entre 2021 y 2022. Además, la crisis carcelaria, que marcó el inicio de la violencia que ahora enfrenta el país, ha dejado en once masacres más de 400 presos asesinados.
Según los datos oficiales, desde abril de 2023, al menos 60 bandas fueron desarticuladas como resultado de las operaciones de la fuerza pública. Se contabilizaron 1.697 detenciones, entre ellas las de 143 líderes de pandillas. De los detenidos el 60% tiene antecedentes penales. Estos resultados también incluyen a las provincias de Santa Elena y Los Ríos.
En un mes desde la declaratoria, en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón, las muertes pasaron de 243 a 205. En Santa Elena los homicidios se redujeron de 28 a 12 y en Los Ríos de 70 a 53: “Estamos trabajando en cuatro objetivos, como la captura de blancos, que son 143 detenidos. El segundo es enfocado en la extorsión y vacuna con operaciones y sensibilización. Además de geolocalización y operativos en los sectores donde se origina la violencia. El cuarto es la prevención de homicidios intencionales, que venían creciendo en un 40 % y 50 %”, explicó el ministro.
Zapata también informó que 30 delincuentes fueron abatidos por la Policía Nacional en lo que va del año. De estos, 25 casos fueron por defensa directa contra la integridad policial.
Los militares están en las calles
Luego de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispusiera la ejecución de operaciones militares para combatir a organizaciones terroristas y ordenara a las Fuerzas Armadas “iniciar, de manera inmediata, las acciones para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición”; el Ministerio de Defensa Nacional indicó que los miembros militares acatarán lo dispuesto por el mandatario y explicó el alcance de sus acciones.
En un comunicado oficial, la Cartera de Estado señaló que en cumplimiento al decreto expedido por Lasso y a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sus más de 30.000 miembros desplegados en todo el país realizan operaciones para combatir el terrorismo “de las organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y el crimen transnacional, que atentan contra la soberanía y la integridad territorial”.
El ministro Luis Lara, que es un general en servicio pasivo del Ejército, ha reiterado que la misión de las Fuerzas Armadas es “defender la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos ante el embate de la delincuencia que ha creado terror en la población”.
En el pronunciamiento oficial, el secretario de Estado aseguró que los miembros de las Fuerzas Armadas “actuarán de inmediato, con absoluta firmeza, utilizando todo el poder militar, contra quienes pretenden, a través de actos de violencia extrema, no solo causar terror a los ecuatorianos sino atentar contra la democracia y el Estado de Derecho”.
Según el gobierno de Lasso, tanto la resolución del Consejo de Seguridad, que proclamó al terrorismo como amenaza para el país, así como el decreto presidencial se sustentan en la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y el ordenamiento jurídico del país, así como en las normas internacionales en la materia.
El ministro Lara ha manifestado que la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza “garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal”.
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