La opositora Creemos, partido del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) una “sesión especial” de cancilleres sobre el conflicto por el censo en Bolivia, que lleva diez días de paro indefinido.
“Como Bancada de la Alianza Política Creemos y víctimas de la actitud criminal del Gobierno boliviano, solicitamos al Consejo Permanente de la OEA abordar con carácter urgente y en una sesión especial”, refiere el partido opositor.
En la solicitud, dirigida al representante del Consejo Permanente de la OEA, Jan Marten Willem, se expresa que la situación en Bolivia “merece el análisis de los ministros de Relaciones Exteriores de la región” debido a “los daños que puede generar en perjuicio de la población civil”.
A consideración del partido opositor, el Gobierno del presidente Luis Arce incurrió en un “actuar ilícito y reprochable” por el “uso de la violencia y la comisión de ilícitos internacionales”.
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“El Gobierno de Luis Arce se muestra soberbio, manteniendo un doble discurso, anunciando por un lado que desea una concertación y por otro, impulsando la violencia y el odio, cerca Santa Cruz y la militariza”, señaló el partido.
Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, desarrolla la décima jornada de paro indefinido en pos de que el censo poblacional se realice en 2023 y sus datos se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.
Sindicatos y organizaciones sociales afines al oficialismo han intentado frenar con violencia la huelga en Santa Cruz y realizan un “cerco” con bloqueos de carreteras para aislar a la región e impedir el ingreso de alimentos a su capital, al considerar que la protesta ciudadana busca desestabilizar al Ejecutivo nacional.
El paro y el “cerco” están ocasionando el desabastecimiento de combustibles en Santa Cruz y la escasez de algunos alimentos.
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Las jornadas de paro han estado marcadas por enfrentamientos e incluso en el primer día se registró un fallecido en la localidad de Puerto Quijarro, fronteriza con Brasil, en medio de los choques entre personas que bloqueaban las vías y las que buscaban desbloquear.
En ese sentido, el reclamo de Creemos a la OEA refiere de que los grupos oficialistas “amenazan con el empleo de la violencia” a quienes mantienen el paro junto a una “cantidad excesiva de agentes policiales”.
Pese a los dos últimos acercamientos entre el Gobierno y los líderes cívicos de Santa Cruz, que han incluido una reunión con alcaldes y Gobernadores de todo el país, aún no se vislumbra una solución.
El Gobierno sostiene que el censo puede realizarse en abril de 2024 y propuso que a los seis meses de conocerse sus datos se realice una nueva distribución de recursos.
También está la propuesta de que la encuesta nacional pueda efectuarse entre octubre de 2023 y abril de 2024, pero esto estaría sujeto a un análisis de una comisión técnica que sería la que finalmente defina la fecha precisa.
El Gobierno fijó inicialmente el censo para noviembre de este año, pero lo pospuso para 2024 bajo el argumento de problemas técnicos y la “despolitización” del proceso censal.
(Con información de EFE)
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