La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aceptó este martes la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Ileana Pérez López, la cuarta del cuerpo colegiado del Poder Judicial que abandona su cargo en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Los 88 diputados presentes en el hemiciclo del Parlamento nicaragüense, de un total de 91, votaron de forma unánime a favor de la renuncia presentada la semana pasada por Pérez, quien llegó al cargo a propuesta del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Me dirijo a ustedes a fin de presentar mi renuncia al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia por motivos de salud y que requiere de atenciones, poniendo a disposición el cargo”, afirmó Pérez en su renuncia, firmada el 21 de octubre pasado, tras ocho años de haber sido nombrada.
Durante la discusión de su renuncia, ninguno de los diputados, sandinistas o miembros de partidos opositores, tomó la palabra para despedir a la ex magistrada.
Tras la renuncia de Pérez, la Corte Suprema quedó con 10 de los 16 magistrados que la integran, es decir con 6 vacantes, 4 por dimisión y 2 por fallecimientos.
La renuncia de Pérez se dio luego de que diferentes medios de comunicación nicaragüenses establecidos en el exilio reportaron que la ahora ex magistrada había sido encarcelada y luego liberada por supuestas diferencias dentro de la familia del dictador Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por el control de la Corte Suprema.
La presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue llevada el martes a la cárcel conocido como El Chipote y, según publicó el diario La Prensa, al día siguiente policías vestidos de civil la condujeron a sus oficinas y posteriormente a su casa.
Las autoridades nicaragüenses hasta ahora no han confirmado ni rechazado esas informaciones.
Pérez es la cuarta magistrada en renunciar a la Corte Suprema luego que lo hicieran el sandinista Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado y José Adán Guerra, todos en 2019, un año después de que estallara la crisis sociopolítica.
Solís, padrino de bodas de Ortega y Murillo y considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial, fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 “inaplicable” el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial sin límites, lo cual allanó el camino para que Ortega optara por otro mandato.
Solís, quien se exilió en Costa Rica, acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país, sino más bien con el afán de imponer un “Estado de terror” con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.
También que bajo el régimen de Ortega y Murillo “no existe derecho alguno que se respete” y que se está consolidando en el país “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión”.
En tanto, Aguerri Hurtado, que fue electo magistrado en abril de 2014, también a propuesta de los sandinistas, fue asesor del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en el Parlamento y es tío del ex presidente de esa patronal José Adán Aguerri, quien guarda prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
Mientras José Adán Guerra, que fue ministro de Defensa durante la Administración de Enrique Bolaños (2002-2007), renunció a su cargo de magistrado con el argumento de que al día siguiente se le vencía su periodo.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 9 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
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