La mayor región de Bolivia acordó otra huelga contra el gobierno de Luis Arce

La segunda cumbre por el censo de población y vivienda que se llevó a cabo en la oriental Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, resolvió nuevamente realizar una huelga el próximo 8 y 9 de agosto en rechazo a la postergación de esta consulta para 2024.

Alrededor de unas 362 instituciones se reunieron en Santa Cruz para debatir las próximas medidas de presión para que esta consulta, que inicialmente debía ser este año, se realice en 2023 y no en 2024.

La reunión convocada por el comité interinstitucional de Santa Cruz comenzó este sábado en la tarde y se extendió por unas dos horas en las instalaciones del Colegio Médico.

A este encuentro asistió el gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho, el presidente del Colegio Médico de esa región, Wilfredo Anzoastegui, entre otros, mientras que el gran ausente fue el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien expresó su desacuerdo con realizar nuevamente una huelga.

La posición del gobernador y de cívicos cruceños es que el censo se postergue para 2023 y no para mayo o junio de 2024 como resolvió el Consejo Nacional de Autonomías junto a las autoridades locales, que luego esta determinación fue oficializada a través de una norma.

Cada entidad tenía unos minutos para participar y exponer su posición para luego generar una resolución colectiva que fue leída al culminar la reunión.

CON RESOLUCIÓN PIDEN CENSO PARA 2023

La resolución de la reunión señala en sus partes más relevantes que esa región ingresará nuevamente a una huelga de 48 horas el próximo 8 y 9 de agosto “en caso de que el Gobierno no escuche sus propuestas”.

Además exigen que el censo se realice de manera “impostergable” el primer trimestre de 2023, además se mantiene en “estado de emergencia”.

También resolvieron exigir al presidente Luis Arce “la inmediata abrogación” del decreto que avala la postergación del censo para 2024.

La oriental Santa Cruz ya realizó una huelga el pasado 25 de julio en rechazo a la postergación por 2 años de la consulta, en medio de enfrentamientos entre personas que intentaban desbloquear las vías, muchos de ellos afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En esa medida de presión, al menos 14 personas quedaron arrestadas por supuestamente “consumir bebidas alcohólicas y generar riñas y peleas”.

CONTRAMARCHA

Esta semana la Central Obrera Boliviana (COB) advirtió a través de un pronunciamiento que fue compartido por el presidente Arce en sus redes sociales que si continúan la medidas de presión en contra del censo, ellos también saldrán a las calles a marchar para “defender” sus derechos y los del Gobierno.

En esa misma línea, el Pacto de Unidad, un bloque de organizaciones indígenas y campesinas afines al Gobierno de Bolivia, advirtieron en una conferencia desde la Casa Grande del Pueblo, el Ejecutivo boliviano, que si continúan las presiones al censo saldrán en “contramarchas” paros y bloqueos.

Mientras el mandatario boliviano agradeció el respaldo del Pacto de Unidad y sostuvo que coinciden en la “importancia de llevar adelante un proceso censal absolutamente técnico, responsable y alejado de cualquier interés político”.

El Gobierno boliviano dispuso el año pasado que el censo debía realizarse el 16 de noviembre de este año y anticipó que los resultados oficiales se iban a conocer en 2023, pero este mes el Consejo Nacional de Autonomías determinó que se aplace para 2024.

Desde su inicio el proceso ha recibido críticas de algunas regiones que consideran que la consulta será clave para la distribución de los ingresos o asignación de representación política en el Parlamento de acuerdo a la población.

Los alcaldes de las diez principales ciudades capitales del país se reunieron esta semana con Arce y acordaron crear una comisión para “socializar” en cada departamento los aspectos técnicos de esta encuesta.

(Con información de EFE)

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