La Policía de Bolivia detuvo este viernes al expresidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Antonio Pumari, por supuestamente quemar oficinas del Tribunal Electoral del departamento durante la crisis política de 2019.
Fuentes oficiales citadas por el diario boliviano La Razón han precisado que Pumari atacó las oficinas de la autoridad electoral aduciendo que se había producido un fraude el 22 de octubre de 2019, dos días después de los elecciones, en las que el ex presidente boliviano Evo Morales resultó vencedor.
Pumari, uno de los líderes de las protestas que derivaron en la dimisión de Morales, ha sido trasladado a La Paz, donde está denunciado por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.
La Policía de Bolivia también ha registrado este viernes las oficinas del Comcipo, por lo que su presidente, Juan Carlos Huallpa, y dirigentes como Ramiro Subia se han declarado en la “clandestinidad”.
Comcipo ya denunció la existencia de una orden de detención contra su expresidente, que se presentó a la vicepresidencia de Bolivia junto al ‘ex cívico’ Luis Fernando Camacho --actual gobernador de Santa Cruz-- en las elecciones de 2020. Durante la crisis postelectoral se quemaron las oficinas electorales departamentales de Potosí, Trinidad, Cobija y Santa Cruz.
Por su parte, el Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia ha respaldado al Comcipo y ha advertido de que no permitirá una “nueva violación al sistema democrático y a la representación legítima de la sociedad”. En un comunicado recogido por la prensa boliviana, la agrupación de comités cívicos ha asegurado que “defenderán Bolivia todas las veces que sea necesario, amparados en la Constitución, mientras el régimen intente quebrar una vez más el sistema democrático”.
Así, ha pedido al pueblo de Potosí y al boliviano, en general, “defender sus derechos y libertades, la institucionalidad y la democracia” que se les “arrebata”.

La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.
En Potosí murió un campesino como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y campesinos, mientras que en la capital cruceña hubo varios momentos de tensión. A pesar del anuncio de derogación de la polémica ley, las protestas no cesaron en estas regiones.
Santa Cruz es la región en la que se registró un mayor seguimiento en las protestas contra la Ley 1386, con la que el Gobierno del presidente, Luis Arce, pretende luchar contra el blanqueo de capitales.
(Con información de Europa Press)
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