El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió aplazar una audiencia judicial para poder viajar al Vaticano, donde tiene una cita marcada con el papa Francisco para el 13 de febrero, informaron sus abogados. Lula, que espera en libertad un fallo de la Corte Suprema en una causa de corrupción en su contra, pretende ausentarse de Brasil entre el 12 y el 15 de febrero, según la solicitud enviada por sus abogados a la 10ª Corte Criminal de Brasilia, donde el líder de la izquierda tiene audiencia fijada el 11 de ese mes.
El ex mandatario (2003-2010) comunicó al tribunal “la realización de un viaje internacional, entre los días 12 y 15 de febrero de 2020, para Italia/Vaticano, donde será recibido en audiencia por Su Santidad, el papa Francisco, el día 13 de febrero de 2020”, precisa el documento enviado a la AFP este miércoles.
Según la prensa brasileña, la audiencia con el papa fue gestionada por el presidente argentino Alberto Fernández durante una visita al Vaticano a fines de enero.
El tribunal de Brasilia confirmó que está “analizando el pedido”. La citación está relacionada con la “Operación Zelotes”, en la cual Lula está acusado de “corrupción pasiva”. En esta acción, el Ministerio Público Federal argumenta que el hijo de Lula, Luis Claudio, recibió 2,5 millones de reales a cambio de la influencia de Lula en dos hechos ocurridos durante la presidencia de Dilma Rousseff: la compra de aviones de combate Gripen, de la empresa sueca Saab, y la prórroga hasta 2020 de incentivos fiscales para automotores.
Los delitos fueron definidos como de una “complejidad fuera de lo común, que involucraron negociaciones multimillonarias del Gobierno Federal en Brasilia, (y) actos políticos de la más elevada autoridad de la República”. En esta causa, Lula también fue denunciado por, supuestamente, interceder en favor de automotrices en la concesión de beneficios fiscales.
En caso de obtener el aplazamiento de la audiencia, Lula deberá solicitar la restitución de su pasaporte.
Lula fue liberado el 8 de noviembre de una cárcel de Curitiba (sur), donde cumplía desde abril de 2018 una sentencia de 8 años y 10 meses de reclusión por otra causa, en la que fue encontrado culpable por dos instancias judiciales de corrupción pasiva y lavado de dinero. En ese caso, fue considerado beneficiario de un apartamento tríplex ofrecido por la constructora OAS en el litoral paulista a cambio de contratos en Petrobras.
En total, el ex mandatario fue imputado en otros seis casos, en su gran mayoría por corrupción y vinculados con el Lava Jato, la operación que destapó una gigantesca red que desviaba recursos de Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
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