Un grupo de exministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en el 2003 en el marco de la denominada Guerra del Gas, entregó este martes un documento a la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, solicitándole que se deroguen dos decretos de amnistía relacionados a esos hechos.
“Luego de la renuncia de Evo Morales, su autoridad y el gobierno de transición que Ud. preside han establecido como uno de sus fundamentos la no impunidad, como corresponde a la necesaria restitución del Estado de Derecho, elemento esencial de la Democracia”, indica un párrafo del documento, firmado por Carlos Sánchez Berzaín, Mirtha Quevedo, Dante Pino Archondo y Javier Tores-Goitia, quienes se encuentran exiliados desde el 2003.
Los hechos a los que hacen referencia tuvieron lugar en octubre de 2003. El elemento disparador fue la discrepancia por parte de los actores políticos del país acerca de la manera de explotar yacimientos gasíferos que habían sido descubiertos en Bolivia el año anterior.
El Gobierno de Sánchez de Lozada había decidido otorgar la concesión de la explotación a distintas empresas multinacionales, que exportarían el recurso natural a través del puerto de Mejillones, en Chile. Grupos opositores que, en contraste, abogaban por la estatización, tomaron las calles.
Los conflictos, que incluyeron la intervención de los militares, dejaron alrededor de 65 muertos. Y en ese marco de volatilidad, Sánchez de Lozada presentó su renuncia al Congreso y dejó el país.
Su sucesor fue quien era su vicepresidente (y candidato presidencial en las últimas elecciones bolivianas) Carlos Mesa. Poco después de entrar en funciones, Mesa firmó un decreto que otorgaba una amnistía a todos los actores involucrados en los hechos.
Sin embargo, luego fue enmendado y determinó que no aplicaría a los ex miembros del Gobierno -entre quienes se cuentan los firmantes del actual documento- sino únicamente a los movimientos sociales. Uno de los líderes de estos grupos era el entonces dirigente sindical, el expresidente Evo Morales.
A este respecto, los exministros aseguraron que “con esta amnistía Evo Morales inició procesos penales y persecución política contra los gobernantes y los Altos Mandos Militares del gobierno constitucional”.
“Los agresores se convirtieron en denunciantes, acusadores, testigos y víctimas, que lejos de contribuir a la verdad de los hechos construyeron un relato falso y manipulado, que la democracia debe esclarecer”, agregaron.
A la hora de fundamentar su postura, los exministros indicaron que ‘amnistía es perdón del delito’, pero también, al beneficiar solamente a quienes señala como participantes de la protesta social, se establece un régimen de impunidad, violando las garantías constitucionales de presunción de inocencia, igualdad jurídica, derecho de defensa en juicio e imparcialidad”.
Y concluyeron: "Evo Morales se vio beneficiado por los decretos dado que a partir de “esa falsa narrativa de octubre de 2003 pudo llegar a la presidencia y establecer el régimen dictatorial al que la Nación Boliviana acaba de comenzar a derrotar”.
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