Alertan de censura y recortes a programas para mujeres en los 100 días de De la Espriella

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Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 16 nov (EFE).- Censura, miedo a hablar, retroceso en derechos conquistados y recortes presupuestarios en programas de atención a mujeres son las principales preocupaciones y denuncias de colectivos feministas e investigadoras colombianas al evaluar los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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"Estos 100 días han estado dedicados a ser un ataque sistemático y pintarnos una cancha ofensiva para el retroceso", dijo a EFE Catalina Calderón, directora de incidencia de la organización Women's Equality Center (WEC) durante un encuentro en Bogotá que reunió a expertas en derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI.

Calderón criticó que, a pesar de que De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto con un discurso centrado en materia de seguridad, algunas de las primeras medidas de su Gobierno estén enfocadas en la batalla cultural contra lo que el propio presidente ha denominado el 'wokismo'.

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"Este Gobierno nos ha dado señales en estos 100 días de tener más prioridades relacionadas con lo que han llamado batalla cultural, que realmente parece en contra de la garantía de los derechos de las mujeres, específicamente los derechos reproductivos, y también en contra de la garantía de los derechos de las personas LGBTI", enfatizó esta abogada.

En este contexto, expresó también su preocupación por el alto índice de embarazos en menores de edad en el país. En 2025, 2.967 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"Son cifras preocupantes, cifras que requieren la atención del Gobierno Nacional en políticas públicas que incluyan una educación sexual comprensiva, completa, y no tener una agenda ideológica que va contra de la identidad y la diversidad de género", agregó.

Por su parte, Catalina Martínez, vicepresidenta regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, señaló en la misma línea que, a su juicio, el Gobierno lleva adelante "una agenda claramente regresiva frente a los derechos humanos" que incluye los derechos sexuales y reproductivos.

Martínez, quien integra el movimiento Causa Justa y fue nombrada en 2025 por la revista Time como una las 100 figuras emergentes más influyentes, afirmó que los servicios de salud sexual y reproductiva no están limitados a atender abortos, sino también enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, algo que constituye un asunto de sanidad pública.

Desde que De la Espriella fue elegido como presidente, varios sectores políticos conservadores han impulsado proyectos de ley para restringir el derecho al aborto, que está amparado hasta la semana 24 de gestación por la Corte Constitucional de Colombia desde 2022.

De hecho, en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que presentó el Gobierno para el periodo 2026-2030, se propone la creación del programa "El milagro de crecer", que establece el mandato de "proteger la vida humana desde la concepción" y busca eliminar la ideología de género.

La abogada y directora de la organización feminista Jacarandas, Viviana Bohórquez, explicó que este tipo de iniciativas legales son "símbolos" que, en su opinión, sólo sirven para confundir a la ciudadanía.

"Hay personas que leen la noticia y dicen: 'Mañana tenía una cita en Profamilia (para realizarse un aborto), entonces ¿puedo ir o no?'", contó Bohórquez sobre las consultas que recibe en su fundación, dedicada también a brindar asesoramiento jurídico sobre la interrupción del embarazo.

La batalla cultural que emprendió De la Espriella "no es algo nuevo", según Calderón, ya que imita a otros presidentes de derecha en la región, como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile.

Calderón anticipó que en estos cuatro años de Gobierno se "va a intentar un retroceso" en materia de derechos desde lo narrativo y desde la desfinanciación de políticas públicas.

En esa línea, Martínez alertó que el Presupuesto General de la Nación (PGN), que recién aprobó el Congreso para 2027, tiene una "reducción de más del 90% en temas de salud sexual y reproductiva".

"¿De dónde va a salir la plata para que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones en materia de salud sexual y reproductiva?", se preguntó la activista, quien consideró que se debe mantener un vigilia social para garantizar que se mantengan los logros alcanzados.

"Hay tantos problemas nacionales en los cuales el Gobierno tendría que estar poniendo la atención, como para que venga trabajando desde los primeros 100 días en debates que ya están zanjados, estos son derechos fundamentales en nuestro país", enfatizó Martínez. EFE