Sostenibilidad financiera y aumento de profesionales, claves para aplicar la nueva Ley de Dependencia, según expertos

El aumento de las necesidades de atención a la población más longeva, la disponibilidad de profesionales y la capacidad de financiación del sistema de dependencia, así como la necesidad de anticipar respuestas que permitan afrontar estos retos, son los principales desafíos a los que se enfrenta España ante el envejecimiento de la población para garantizar que una vida más larga vaya acompañada de autonomía, bienestar y acceso a los cuidados necesarios.

Así lo han puesto de manifiesto expertos y organizaciones del tercer sector en la jornada 'Longevidad y dependencia: retos demográficos, políticas públicas y buenas prácticas europeas', organizada por la Fundación Mapfre, que ha reunido a representantes institucionales, expertos, profesionales y entidades sociales para abordar el desarrollo del nuevo marco normativo y conocer experiencias europeas que puedan aportar soluciones, con especial atención al medio rural.

"Vivimos más años, pero tenemos que conseguir que esos años adicionales sean también años de autonomía, dignidad, participación y calidad de vida. No se trata solo de atender una situación de dependencia, sino de acompañar a cada persona para que pueda decidir cómo quiere vivir, dónde quiere recibir los apoyos y qué proyecto de vida desea mantener", ha afirmado el vicepresidente de Fundación Mapfre, José Manuel Inchausti, durante la inauguración del acto.

La jornada ha puesto de relieve que responder al envejecimiento requiere actuar de forma coordinada sobre la financiación, la disponibilidad de profesionales, la prevención y la organización de los servicios. También exige reforzar la atención domiciliaria y comunitaria, aprovechar el conocimiento de las entidades sociales y adaptar los recursos a las particularidades de cada territorio, entre otras conclusiones.

"Debemos avanzar hacia un modelo que priorice la prevención, garantice la capacidad de elección de las personas, dignifique a los profesionales de los cuidados y asegure la equidad territorial. Desde Fundación Mapfre queremos que las conclusiones de este foro se traduzcan en propuestas concretas que contribuyan al desarrollo del nuevo marco de dependencia", ha asegurado por su parte la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega.

Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2050, las personas de 65 años o más representarán el 30,8% de la población española (14,6 millones), frente a los 9,3 millones de 2020. En este contexto, la reciente entrada en vigor en España de la Ley que reforma la Ley de Dependencia de 2006, ha reavivado el debate sobre cómo garantizar los derechos de las personas, promover su autonomía y ofrecer apoyos adaptados a sus necesidades a través de servicios accesibles y coordinados en todo el territorio.

Durante la jornada, se ha celebrado la mesa redonda 'El sistema de cuidados ante 2050. Retos del envejecimiento', en la que se ha abordado la capacidad del sistema para responder al crecimiento de las necesidades de atención y garantizar cuidados sostenibles, de calidad y con independencia del lugar de residencia.

Así, los participantes han constatado que uno de los principales desafíos asociados al envejecimiento de la población será la sostenibilidad financiera del sistema de dependencia ya que el aumento de la longevidad y de las necesidades de apoyo exige analizar cómo evolucionará la financiación pública, cómo se repartirán las responsabilidades entre las administraciones y qué instrumentos pueden ayudar a las personas y sus familias a anticipar y afrontar los costes asociados a los cuidados.

"El reto no será únicamente demográfico, sino también económico y organizativo. La planificación de la longevidad debe incorporarse desde edades tempranas, con incentivos adecuados y una mayor coordinación entre administraciones para reducir las desigualdades territoriales y preparar al sistema ante el progresivo envejecimiento de la población", indicó Juan Fernández Palacios, experto en previsión económica y longevidad, y director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Por otro lado, han augurado que la disponibilidad de profesionales será otro de los grandes retos del sistema, especialmente, en las zonas rurales. Según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, España necesitará entre 261.400 y 639.400 trabajadores adicionales en cuidados de larga duración hasta 2030.

"La reforma de la Ley de Dependencia supone un avance en el reconocimiento de derechos, pero su aplicación efectiva requiere una financiación estable y con visión a largo plazo, seguridad jurídica para los prestadores de servicios y una mayor colaboración público-privada", afirmó la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Lourdes Rivera García, que argumentó: "Si no hay profesionales, no hay cuidados".

Los expertos abordaron, asimismo, la importancia de la prevención y la continuidad asistencial por lo que consideraron fundamental mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, reducir las barreras administrativas y reconocer el papel de las personas cuidadoras, además de insistir en la necesidad de garantizar unos servicios mínimos comunes para toda la población con independencia de su lugar de residencia en España.

"Necesitamos funcionalidad estable en los máximos años posibles. La atención a la dependencia no debería empezar cuando las necesidades de apoyo ya son intensas. Necesitamos una atención anticipada y continuada que conecte el domicilio, los servicios comunitarios y los recursos sanitarios y residenciales. Para ello, una de las claves será reforzar el papel de la atención primaria", destacó el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Francisco José Tarazona.

EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES

En otra de las mesas redondas, titulada 'Tercer sector, cuidados y dependencia. Europa como laboratorio de soluciones', se ha profundizado en los modelos de atención desarrollados en otros países. Por ejemplo, en Países Bajos, el modelo de atención domiciliaria de Buurtzorg está basado en equipos locales de enfermería con capacidad de decisión para organizar los cuidados y adaptarlos a las necesidades de cada persona.

Este enfoque muestra cómo la proximidad, la autonomía profesional y la organización del trabajo pueden contribuir a mejorar la calidad de los cuidados, reforzar la independencia de las personas atendidas y favorecer la satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales. Este modelo se ha extendido a más de veinte países.

Por su parte, la experiencia irlandesa ha puesto el foco en el papel de las organizaciones comunitarias en la detección de situaciones de vulnerabilidad, la lucha contra la soledad no deseada y el acompañamiento de las personas mayores. La colaboración con las administraciones públicas y las entidades del tercer sector puede contribuir a mejorar la respuesta, especialmente en zonas rurales.

Estas experiencias internacionales adquieren especial relevancia ante las dificultades que afronta el medio rural español, según los participantes que indicaron que la dispersión geográfica, las distancias, la despoblación y la menor disponibilidad de profesionales y servicios pueden limitar el acceso a la atención.

Desde la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), la responsable María Jesús Cordero ha defendido la necesidad de construir ecosistemas locales de cuidados que integren comunidad, profesionales y financiación pública. "El valor diferencial del tercer sector no es sustituir servicios públicos, sino fortalecer el capital social, detectar situaciones de vulnerabilidad y acompañar a las personas en sus proyectos de vida", aseveró.