Organizaciones de Mesoamérica reclaman en COP31 garantizar los derechos colectivos para frenar la deforestación

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la Fundación PRISMA han presentado este viernes en la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) un documento que reivindica los derechos territoriales y la gobernanza territorial como condiciones indispensables para conservar los bosques. Además, plantea recomendaciones para orientar las políticas públicas y las inversiones destinadas a su conservación.

El documento, titulado 'Detener la deforestación requiere gobernanza territorial. Lecciones de Mesoamérica para orientar políticas públicas e inversiones para la conservación de territorios forestales', recoge cuatro aprendizajes de Mesoamérica para conservar los bosques y sus funciones ecológicas, sociales y culturales.

Estos son garantizar el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos territoriales, fortalecer la gobernanza y la acción colectiva, vincular la conservación con las economías territoriales y orientar las políticas públicas y la financiación al fortalecimiento de estos procesos.

"Habilitar condiciones para que estos aprendizajes guíen la implementación de instrumentos para detener la deforestación debe cobrar amplia relevancia en el contexto actual de las discusiones climáticas internacionales", señala el comunicado.

BOSQUES BAJO PROPIEDAD O USO COLECTIVO

Según el comunicado, Mesoamérica alberga entre el 7% y el 8% de la biodiversidad mundial y ofrece aprendizajes para orientar políticas e inversiones de conservación a largo plazo.

Aproximadamente el 65% de sus bosques se encuentra bajo algún esquema de propiedad o uso colectivo de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales. Las organizaciones recuerdan que la deforestación contribuye al 11% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Las entidades han advertido de que los avances en gobernanza territorial de Mesoamérica se enfrentan a presiones por la expansión extractiva y agroindustrial, los megaproyectos de energía e infraestructura, el avance de economías ilegales, la criminalización de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y el debilitamiento institucional.

A estas presiones se suman la reducción y la distribución desigual de la financiación internacional destinada a los bosques.

En 2023, América Latina y el Caribe recibieron 753 millones de dólares de financiación internacional destinada a los bosques, equivalentes al 26% del total mundial. De esos recursos, el 69% se concentró en Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina, mientras que el 31% restante se distribuyó entre los demás países de la región, incluidos los de Mesoamérica.

Ante este panorama, las organizaciones instan a los Estados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos territoriales colectivos y proteger los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales para conservar los bosques y detener la deforestación.