Operación contra delincuencia juvenil en Italia concluye con 644 arrestos en dos semanas

Roma, 2 nov (EFE).- Una importante operación policial realizada en toda Italia contra la delincuencia juvenil, lanzada tras los disturbios y saqueos en Milán los días 17 y 18 de octubre y los decretos de seguridad del Gobierno de Giorgia Meloni, concluyó con 644 arrestos, entre ellos 69 menores, informó este lunes la policía italiana.

Los principales objetivos de las redadas fueron las zonas de ocio nocturno y las zonas de narcotráfico en una operación en la que también se monitorizaron las redes sociales

"No podemos resignarnos a la idea de que la violencia, la opresión y la delincuencia se conviertan en comportamiento normal, especialmente entre los jóvenes", comentó este lunes la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, en un comunicado.

Meloni advertió que "el Estado está presente y seguirá actuando con determinación para combatir todas las formas de ilegalidad y garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en ciudades y barrios seguros".

Durante la operación, se realizaron controles a 236.138 jóvenes, incluidos 23.060 menores, se incautaron 174,8 kilos de cannabinoides, 69,4 kilos de cocaína, 328 gramos de heroína y otras drogas sintéticas como éxtasis, ketamina y benzodiazepinas.

También se incautaron 210 cuchillos, 28 armas de fuego, varios artefactos explosivos y aproximadamente 270.000 euros en efectivo provenientes de actividades ilegales y se impusieron 1.394 multas administrativas y se recuperaron numerosos artículos robados.

Como parte de la vigilancia de redes sociales, las fuerzas del orden analizaron 1.115 perfiles y enviaron una solicitud formal para el cierre de tres de estas cuentas debido a la presencia de contenido explícitamente violento.

Los graves disturbios ocurridos los pasados 17 y 18 de octubre en Milán llevaron al Gobierno de Meloni a aprobar un cuestionado decreto con el que se reforzó la seguridad en la capital lombarda con 500 militares para apoyar a la policía.

El decreto también introdujo medidas disuasorias como la obligación a los padres a pagar los desperfectos causados por sus hijos menores o la posibilidad de retener de forma preventiva a sujetos considerados peligrosos para una manifestación pública, también menores. EFE