Más de 20 grandes medios de la India denuncian ante el Supremo un régimen de "precensura"

Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- Un grupo de 21 de los principales medios de comunicación de la India ha recurrido ante el Tribunal Supremo varias disposiciones de la nueva normativa de privacidad digital del Gobierno, al considerar que la ausencia de una exención específica para el periodismo puede imponer un régimen de "precensura" y comprometer la protección de las fuentes.

Entre los medios se encuentran algunos de los principales grupos del país, como Network18, del conglomerado Reliance Industries, de la familia Ambani, y la cadena NDTV, controlada por el grupo de Gautam Adani, junto a cabeceras de referencia como The Indian Express, The Hindu o India Today, informó el medio especializado Bar & Bench.

Tras examinar la petición, el alto tribunal solicitó este martes una respuesta formal al Gobierno para continuar con el caso, que volverá a estudiarse en noviembre.

"No se puede suspender el procedimiento sin escuchar a la otra parte. Pero se ha emitido una notificación sobre la solicitud de suspensión", dijo el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, durante la audiencia.

El Gobierno indio aprobó la Ley de Protección de Datos Personales Digitales (DPDP) para reforzar la protección de la información personal y regular su tratamiento por empresas, plataformas y otras entidades.

Los editores sostienen, sin embargo, que la normativa puede entrar en conflicto con el ejercicio del periodismo al no contemplar una exención específica para el tratamiento de datos con fines informativos, como sí ocurre en otros marcos regulatorios, entre ellos los de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

"Las redacciones cerrarán si tenemos que pedir permiso. Es un régimen de precensura total. Tenemos que pedir permiso para informar sobre ustedes. ¿Cómo es posible?", dijo durante la audiencia Madhavi Divan, abogada de la Asociación de Editores de Noticias Digitales (DNPA), que agrupa a los 21 medios.

Según los demandantes, la ley podría obligar a solicitar consentimiento para tratar determinados datos personales, permitir reclamaciones para exigir la eliminación de información ya publicada y facilitar requerimientos de datos que, en algunos casos, podrían comprometer la confidencialidad de las fuentes.

Está previsto que la normativa entre plenamente en vigor en mayo de 2027, por lo que el recurso abre antes de su aplicación definitiva un debate sobre hasta dónde puede llegar la protección de la privacidad sin limitar investigaciones periodísticas de interés público. EFE