Lula y Flávio Bolsonaro bajan el nivel en internet con la vacilación de la justicia

Alex Mirkhan

Brasilia, 21 oct (EFE).- La reñida disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro por la Presidencia de Brasil se libra en las calles y en las redes sociales, donde ambos candidatos han multiplicado sus ataques y recurrido a la desinformación, aprovechando las vacilaciones de la justicia electoral a la hora de establecer normas, límites y sanciones.

La polarización política ante las elecciones del próximo domingo se ha materializado en litigios judiciales, por un lado, y en la proliferación de acusaciones, ofensas y noticias falsas, por otro.

En muchos casos, la inteligencia artificial ha contribuido a distorsionar y desdibujar hechos reales.

De un lado, circuló un vídeo manipulado en el que el presidente Lula parece arrojar la bandera de Brasil al suelo tras votar en la primera vuelta; otro vídeo, que superó las 150.000 interacciones en X, manipulaba un audio del senador Flávio Bolsonaro para hacer creer que defendía recortes en los derechos laborales.

Responsable de arbitrar la contienda electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha sido blanco de críticas de ambos bandos, que lo acusan de parcialidad y de lentitud a la hora de frenar la desinformación en internet.

De acuerdo con datos de la propia corte, desde julio se han abierto casi 100.000 procesos en los tribunales electorales de todo el país, de los cuales el 46 % ya ha sido analizado o está en estudio, lo que convierte estos comicios en los más judicializados de la historia brasileña.

La profusión de acciones ha contribuido a evidenciar la ausencia de criterios bien definidos y la división entre los siete magistrados que componen el TSE, según explica a EFE la abogada Laila Melo, miembro de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep).

"Vemos que los propios jueces están en conflicto sobre los criterios relativos a la desinformación en las redes. Hay divergencias internas, lo que nos deja con menos herramientas para mapear y prever resultados", señala.

El tribunal está dirigido actualmente por dos jueces designados por el expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro: Kássio Nunes Marques, que preside el colegiado, y André Mendonça, su vicepresidente.

La campaña de Lula acusa a ambos magistrados de favorecer a su adversario, basándose en decisiones y trámites adoptados en los últimos días, como la suspensión temporal de un grupo de una aplicación de mensajería titulado 'Ejército de Lula', que contaba con unos tres millones de usuarios, el pasado 11 de octubre.

Por su parte, la campaña bolsonarista también ha criticado la lentitud de los tribunales en la aplicación de sus fallos.

Un ejemplo fue la prohibición, dictada el día 11, de promocionar en redes sociales contenidos que relacionaban a Flávio Bolsonaro con el crimen organizado, así como de difundir propaganda de Lula en la que se afirmaba que su rival recortará los programas sociales.

Además de hacer frente a la polarización, el tribunal se preocupa por cohibir la propagación orgánica de desinformación procedente de personas sin vínculos directos con las campañas.

"Muchas veces, las coordinaciones de los partidos pierden el control de lo que se publica porque hay células profesionales y aficionadas operando con independencia", afirma Melo.

Además de la avalancha de acciones judiciales, las campañas de Lula como de Bolsonaro acudieron a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos se estaban viendo perjudicados por las plataformas de Meta, la empresa tecnológica estadounidense que domina el mercado brasileño de redes sociales y mensajería.

Meta, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, reconoció en un comunicado la existencia de "incidentes técnicos" que perjudicaron las cuentas de Lula mientras favorecían la recomendación algorítmica de su adversario, pero aseguró que ha tomado medidas para corregir las fallas.

Según Laila Melo, las empresas tecnológicas se han mostrado "colaborativas" en la retirada de contenidos y en la creación de planes para "mitigar la desinformación" de los usuarios, en cumplimiento de los acuerdos pactados con el TSE.

"Pero ¿cómo se debe actuar cuando es la propia 'big tech' la que está impulsando este desvío de información?", cuestiona la jurista. "Esto es grave, porque ya no actuaría como un telón de fondo, sino como un actor", señala. EFE

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