
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encargado este jueves a la comisión que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) que haga su propuesta de subida para el ejercicio 2027 antes de finales de este mes o principios de noviembre, como tope máximo.
Así lo ha señalado la propia Díaz tras reunirse con los expertos de esta comisión, que, según ha insistido la ministra, estaban convocados antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
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Díaz no ha entrado en si dará tiempo a aprobar la subida del SMI de 2027 antes de los comicios y se ha limitado a señalar que les ha dado un plazo a los expertos para su informe y que después se convocaría la mesa de diálogo social para abordar la propuesta, como se ha hecho siempre. Lo que sí ha dicho es que el 1 de enero, las empresas ya deberían conocer cuánto va a subir el salario mínimo en 2027.
"La vida de los trabajadores y las empresas no se detiene por un proceso electoral", ha subrayado la ministra, que además ha añadido que, una vez llegue la propuesta a la mesa de negociación con sindicatos y empresarios, le gustaría que los trabajos fueran rápido y culminaran con un acuerdo de todas las partes.
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La ministra ha pedido a los expertos que, de cara a la propuesta para la subida del SMI, tengan en cuenta la fuerte subida que han experimentado los precios, con una inflación actual del 4,9%, así como los "históricos" márgenes empresariales, la buena evolución económica y el avance de la productividad.
"Toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo", ha insistido Díaz, que ha resaltado que los beneficios empresariales están creciendo más de un 20% y su margen sobre ventas, más de un 8%.
Así, y como todos los años, Díaz ha encargado a los expertos que su propuesta cumpla dos criterios: que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como mandata la Carta Social Europea, y que no pierda poder adquisitivo respecto a la evolución de la inflación.
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Además, este año se ha pedido a los expertos que estudien el impacto del SMI en los hogares con menos renta, porque son los que reciben esta renta mínima más a menudo.
Por su parte, la relatora de la Comisión de Expertos y catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto, ha subrayado que la propuesta que realizarán sobre el SMI atenderá a la evolución de los salarios, de la inflación y de otras variables macroeconómicas.
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El año pasado, de cara a la subida de 2026, el comité de expertos planteó, a requerimiento de Díaz, dos escenarios de subida de esta renta mínima: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella.
El primer escenario, que fue el finalmente elegido por el Gobierno y acordado con CCOO y UGT tras decidirse la no tributación del SMI, planteaba un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas. El segundo escenario planteaba un alza del 4,4%, hasta los 1.240 euros al mes.
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El comité asesor del Gobierno para el SMI, del que forman parte miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para determinar a qué ritmo debía subir el SMI para representar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.
LAS ÚLTIMAS SUBIDAS DEL SMI, PACTADAS SÓLO CON SINDICATOS
El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, subir el SMI en un 3,1% para este año, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, 37 euros más que la cuantía fijada para 2025.
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Este incremento fue fruto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios. Así, la subida de 2026 se pactó en solitario con los sindicatos por sexto año consecutivo.
La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento del SMI fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.
Una vez se presente formalmente la propuesta de los expertos al Ministerio de Trabajo, éste convocará a los agentes sociales para fijar la subida de esta renta mínima. Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, sólo a realizar consultas, pero suele tratar de llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios.
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