HRW denuncia que los "juicios masivos de cientos de acusados" en El Salvador son una "burla" a la justicia

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que desde comienzos de 2026 se vienen celebrando "juicios masivos de cientos de acusados a la vez" en El Salvador, en base a pruebas "débiles" y "sin oportunidad real de defenderse", en el marco del estado de emergencia vigente desde marzo de 2022 para hacer frente a las pandillas.

"Los juicios masivos en El Salvador son una burla a la justicia", ha señalado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien ha advertido de que estos procedimientos están diseñados para producir sentencias de culpabilidad y "no para sopesar las pruebas bajo el debido proceso".

"El resultado no es la rendición de cuentas paras las víctimas de la violencia de las pandillas, sino simplemente la ratificación del encarcelamiento masivo durante los cuatros años de estado de emergencia", ha incidido Goebertus.

La ONG ha podido entrevistarse con una quincena de abogados que han confirmado las trabas que la administración ha puesto para que puedan ejercer correctamente su trabajo de defensa, así como revisar cuatro acusaciones que abarcan a más de 600 personas y una decisión judicial que se aplicó sobre otras 120.

"Es macabro", tal y como ha definido este tipo de procesos judiciales uno de los letrados con los que ha podido reunirse HRW. La ONG ha escuchado cómo los jueces impiden a la defensa acceder a los expedientes de sus clientes, que además no pueden hablar con ellos en privado, y apenas cuentan con unos pocos minutos para presentar las alegaciones, además de cómo los fiscales amenazan con procesar a los testigos.

Así, han explicado que los testigos que testifican para desmentir que un acusado forma parte de una pandilla, son "intimidados" y "amenazados" con ser detenidos por ser un "colaborador" de una de estas bandas delictivas.

Las denuncias de estos abogados se suman a las declaraciones de algunos policías consultados por la ONG, que revelaron que muchas de las pruebas y de los informes se basan en pruebas falsas y otras tantas sin verificar, en medio de las presiones que reciben desde arriba para llevar a cabo arrestos.

"Los fiscales afirman que una persona es miembro de una pandilla porque un policía lo dice. El fiscal se basa en el informe policial, y este se basa en información oficial no especificada o rumores públicos", ha apuntado otro abogado.

Las defensas apuntan que la mayoría de las acusaciones parten de declaraciones de testigos anónimos que reciben inmunidad y cuya versión es respaldada por los jueces a pesar de las versiones de terceros y pruebas que sustentan lo contrario.

ESTADO DE EMERGENCIA

El Salvador se encuentra desde febrero de 2022 bajo un estado de emergencia impuesto por el presidente Nayib Bukele en respuesta a una oleada sin precedentes de homicidios cometidos por las pandillas. Desde entonces, se han detenido a más de 93.000 personas, entre ellas 3.000 menores de edad.

Diferentes organizaciones de Derechos Humanos han denunciado abusos generalizados, detenciones arbitrarias, desaparaciones forzadas, torturas y malos tratos dentro de los centros de detención al amparo del estado de emergencia.

Se estima que actualmente hay 120.000 personas encerradas en las prisiones de El Salvador, lo que supone el 2% de la población total, siendo así una de las tasas de encarcelamiento más altas de todo el mundo, superando con creces la capacidad del sistema para albergar en las mínimas condiciones de salubridad a los presos.

Unas 500 personas han muerto bajo custodio policial durante el estado de emergencia, mientras que más del 90% de las que se hallan en prisión llevan años encerrados de manera preventiva, en parte debido a las últimas reformas legales que permiten prorrogar ampliamente la estancia en la cárcel sin sentencia firme.

"El Gobierno ha construido un sistema diseñado para condenar a cientos de personas a la vez, sin ningún mecanismo para separar a los inocentes de los culpables", ha advertido Goebertus.

Esta falta de independencia judicial y persecución arbitraria ha generado una sensación de miedo no solo entre la población, sino también entre los abogados y los testigos ante las posibles represalias y el acoso policial.