Ciudad de México, 18 sep (EFE).- El conglomerado de empresas mexicanas Simsa negó este viernes que la terminal de San José Iturbide, en el estado de Guanajuato (centro de México), sea propietaria o comercialice los más de 59 millones de litros de combustible bajo investigación federal y aseguró que su función se limita a recibir y almacenar producto perteneciente a sus compañías asociadas.
En un comunicado, la compañía afirmó que la instalación cuenta con los permisos correspondientes y que Gas Natural del Noreste, propietaria de Simsa, presta en ella un servicio de almacenamiento de petrolíferos de terceros.
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Según la empresa, los clientes de la terminal son permisionarios de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y, para utilizar las instalaciones, deben acreditar la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de los combustibles que depositan.
"La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales", sostuvo Simsa.
La versión de la empresa coincide con la explicación de los especialistas en energía Gonzalo Monroy y Arnoldo Cuéllar, quienes señalan que este tipo de instalaciones opera mediante contratos de depósito y que el operador no necesariamente compra, vende o fija el precio de los hidrocarburos que resguarda.
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Ambos expertos sostienen que los 59.036.870 litros localizados en 10 tanques corresponden a inventarios almacenados para compañías internacionales y que el volumen, por sí mismo, no permite concluir que se trate de combustible de contrabando.
El producto está distribuido en 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de premium y 18,2 millones de diésel, de acuerdo con los datos difundidos tras las diligencias.
Especialistas han mencionado entre las empresas que utilizan este tipo de infraestructura a ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum, aunque la propiedad concreta de cada volumen continúa pendiente de ser acreditada dentro de la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el origen del combustible no había sido acreditado y mantiene abiertas las diligencias para determinar su procedencia, propiedad y trazabilidad.
La pesquisa comenzó el 3 de julio tras detectar una descarga de diésel en una estación de San Luis de la Paz.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la investigación "no ha terminado" y explicó que las autoridades todavía buscan establecer de dónde procedía el combustible y hacia dónde se dirigía.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anticipó además que habrá detenciones conforme el avance la investigación y se definan las posibles responsabilidades penales del caso.
El caso deja así bajo revisión la documentación de los productos almacenados, mientras Simsa sostiene que los propietarios deben demostrar su origen legal antes de utilizar la terminal. EFE
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