Ceuta (España), 28 ago (EFE).- Once de los doce detenidos por su presunta participación en la emboscada sufrida por una patrulla militar en la ciudad española de Ceuta serán expulsados a Marruecos durante cinco años tras ser condenados este viernes a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Estos migrantes marroquíes fueron detenidos en la madrugada del jueves en la zona de Benzú, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara un vehículo militar y comenzara a lanzarle piedras de grandes dimensiones, según informaron fuentes policiales a EFE.
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Todo ello en el marco de crispación que se vive en esta ciudad española en África después de la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 y 31 de julio y que ha provocado malestar en los cientos de migrantes que aún quedan en Ceuta y que no están siendo atendidos, pero también ataques xenófobos por parte de ciudadanos cansados de la situación en esta urbe.
En el caso de estos once detenidos, la pena de prisión ha sido sustituida por la expulsión del territorio español, cuya ejecución ya ha sido acordada judicialmente, después de que los once reconocieran su participación en los hechos y aceptaran el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y sus respectivas defensas.
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Según la resolución, los condenados habrían preparado la emboscada y aguardado el paso de algún vehículo por la zona, momento en el que iniciaron el ataque contra la patrulla militar. Los agresores lanzaron piedras contra el vehículo en el que circulaban los militares, una acción que provocó heridas a cuatro de ellos.
Tras el incidente, las fuerzas de seguridad detuvieron a doce personas.
La situación del duodécimo arrestado es distinta, ya que negó haber participado en la agresión, puesto que alegó que estaba durmiendo y no aceptó los hechos que se le imputan ni el acuerdo alcanzado por las otras partes. El juez ordenó su entrada en prisión.
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En la madrugada del jueves, residentes ceutís participaron en varios disturbios y altercados tras una protesta ciudadana de miles de personas para denunciar la crisis socioeconómica y de seguridad que sufre la ciudad desde que unas 80.000 personas entraron de manera masiva e irregular desde Marruecos hace un mes, de la que responsabilizan al Gobierno español.
La gran mayoría regresó al poco tiempo, pero un número indeterminado de magrebíes y subsaharianos se quedó y malvive a la intemperie, mientras las administraciones públicas están desbordadas.
Alrededor de 400 personas se dirigieron hacia la playa del Trampolín y, según las fuentes policiales, intentaron agredir a los inmigrantes con los que se iban cruzando. EFE
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