La nueva Siria elige la pena de muerte para impartir justicia tras Al Asad

Ghadi George Baghdadi

Damasco, 27 ago (EFE).- La pena de muerte es el castigo con el que la nueva Siria está penando los crímenes cometidos por las figuras del régimen de Bachar al Asad, sin contar aún con un marco para la justicia transicional, y con el riesgo de convertir la persecución penal en una simple respuesta punitiva.

El país árabe enfrenta un pulso entre la demanda de justicia rápida y la cuestión de si será capaz de construir un sistema capaz de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y evitar la repetición de los abusos, en lugar de castigar hechos individuales.

En ese debate, Siria se está decantando por el primer camino, pese a los reclamos de analistas, ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El Cuarto Tribunal Penal de Damasco ha condenado a muerte en las dos últimas semanas a cuatro miembros de la familia y del círculo próximo del presidente derrocado, entre ellos el propio Bachar al Asad y su hermano Maher, juzgados en ausencia, y sus primos Atef Najib y Wassim al Asad.

El juez Fakhr al Din al Uryan condenó a muerte a esas cuatro personas por crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las protestas ciudadanas de 2011, así como por delitos como asesinato premeditado y tortura.

Y esta semana, el mismo tribunal condenó a cadena perpetua al ex gran muftí Ahmed Hasun, la máxima autoridad religiosa de Siria bajo Al Asad, culpable de incitar a la guerra civil y de complicidad en asesinato intencional, al dar cobertura religiosa a operaciones de represión del régimen.

 En total, ya van diez figuras políticas y militares de la era Asad sentenciadas, y solo Hasun ha evitado la pena de muerte.

Las sentencias se han dictado al amparo del Código Penal sirio de 1949, pese a que el nuevo presidente sirio, Ahmed al Sharaa, creó en mayo de 2025 la Comisión Nacional de Justicia Transicional y pese a los pedidos de las organizaciones de derechos humanos para establecer una legislación que definiera los delitos, las responsabilidades y las garantías de los procesos.

Como reclama el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria, la ley transicional debería incorporar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la responsabilidad de mando, además de excluir la pena de muerte y garantizar juicios justos.

Human Rights Watch (HRW) critica que la legislación actual siria no tipifica adecuadamente los crímenes de guerra ni los crímenes de lesa humanidad, no contempla la responsabilidad de mando y mantiene la pena capital.

La abogada penalista Fawzieh Hazimieh declaró a EFE que la pena de muerte responde a las expectativas de las víctimas y los familiares de quienes sufrieron las masacres y violaciones de sus derechos, además de poder ser percibida como una forma de disuasión.

Hazimieh consideró que, ante la falta de precedentes nacionales sobre justicia transicional, los tribunales han podido recurrir a principios internacionales, tratados y normas del derecho internacional humanitario, y resaltó el hecho de que el procedimiento sirio permite anular sentencias dictadas en ausencia y celebrar nuevos juicios si los acusados son posteriormente capturados o se entregan.

En este sentido, la abogada apuntó que las sentencias están siendo procesalmente sólidas en esos términos, aunque reconoció que la comunidad internacional vigila que los juicios no sean arbitrarios, vengativos o selectivos.

Fadel Abdul Ghany, de la Red Siria para los Derechos Humanos, defiende la necesidad de un gran número de procesos para responder a la magnitud de los crímenes y a la indignación pública, aceptando las condenas a muerte como parte de la respuesta, mientras que el Ministerio de Justicia sirio sostiene que los juicios cumplen los estándares nacionales y permiten la participación de las víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos plantean objeciones más contundentes. Amnistía Internacional ha pedido a Siria que ponga fin a los juicios en ausencia y abandone la pena de muerte, mientras que HRW mantiene su oposición a la pena capital por considerarla cruel e irreversible, especialmente cuando existen dudas sobre las garantías de un juicio justo.

Ranim Ahmed, directora de comunicaciones de The Syria Campaign - organización de derechos humanos que reclama justicia y democracia para Siria-, declaró a EFE que la rapidez de los procesos se ha producido a costa de una rendición de cuentas más completa.

Según Ahmed, las familias de los desaparecidos y otras víctimas no han tenido suficiente oportunidad para conocer toda la verdad, mientras que los procedimientos tampoco han establecido responsabilidades en toda la cadena de mando del régimen.

Mientras, una coalición integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, supervivientes y víctimas han cuestionado el tiempo para reunir pruebas que reflejen la magnitud de los crímenes y la calidad de la defensa jurídica. EFE