Japón considera "muy lamentables" las sanciones contra la presidenta del TPI

Las autoridades de Japón han señalado como "muy lamentables" las sanciones adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, jurista de nacionalidad japonesa, insistiendo en el apoyo de Tokio al tribunal internacional.

En un breve comunicado, el Ministerio de Exteriores de Japón afirma que "toma nota" de las sanciones de Washington a la jueza japonesa, presidenta del TPI y recalca que el país "ha apoyado sistemáticamente al TPI en sus esfuerzos por enjuiciar y castigar los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho".

"Desde este punto de vista, las medidas anunciadas son muy lamentables", ha criticado la diplomacia japonesa, incidiendo en que Tokio "seguirá comprometido con el fortalecimiento del Estado de Derecho en la comunidad internacional" y que "mantendrá la comunicación con los países implicados".

Washington anunció este martes sanciones contra Akane y un letrado del organismo por su papel en la investigación a Israel por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha incluido en su lista a la magistrada japonesa y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango, sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, ha expedido una licencia que autoriza la liquidación de transacciones que impliquen a ambos miembros del TPI hasta el próximo 17 de septiembre.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado la medida acusando a los dos últimos afectados de haber "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, "sienta un peligroso precedente para todas las naciones".

Este paso se enmarca en la cruzada de Estados Unidos contra el tribunal con sede en La Haya, al que acusa de ser un tribunal "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad.