México logra un fallo favorable en casi todos los reclamos de constructora Vulcan en CIADI

Ciudad de México, 27 jul (EFE).- México informó este lunes que un tribunal internacional desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por una filial de la constructora estadounidense Vulcan Materials por medidas que afectaron sus operaciones de extracción de piedra caliza en el Caribe mexicano entre 2018 y 2022.

La Secretaría de Economía señaló en un comunicado que el fallo final fue emitido en el arbitraje promovido por Vulcan Legacy LLC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, bajo las disposiciones del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según el Gobierno mexicano, el tribunal únicamente aceptó una reclamación vinculada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) en enero de 2018, una medida que representa menos del 1 % del monto originalmente exigido por la compañía de más de 1.500 millones de dólares.

La Secretaría de Economía indicó que analiza detalladamente la decisión para determinar las acciones legales disponibles y reiteró su compromiso con la inversión extranjera que "trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente", así como con el respeto a las reglas de los tratados internacionales.

El caso, registrado como Legacy Vulcan LLC contra México, comenzó en 2019 y enfrentó a la empresa con autoridades mexicanas por restricciones aplicadas a Calica, operadora de una cantera y una terminal portuaria cerca de Playa del Carmen, en Quintana Roo.

La disputa escaló en mayo de 2022, cuando el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) suspendió las actividades de extracción, al acusar a la compañía de daños ambientales y de operar fuera de los permisos concedidos.

Vulcan rechazó esas acusaciones y sostuvo que las medidas mexicanas vulneraron sus derechos como inversionista.

En septiembre de 2024, el Gobierno declaró área natural protegida terrenos vinculados al proyecto, que incluía la cantera y la terminal portuaria de la empresa, una decisión que la compañía calificó como una expropiación de hecho y prometió impugnar. EFE