México le gana juicio millonario a minera estadounidense por el cierre de Calica en Quintana Roo

La Secretaría de Economía (SE) informó este 27 de julio que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, emitió el fallo final del arbitraje internacional promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, en contra del Estado mexicano.

De acuerdo con el comunicado oficial (número 067), el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa y solo reconoció como violatoria una medida: la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (“CALICA”), ocurrida en enero de 2018. Esa medida representa, según la propia dependencia, menos del 1% del monto original reclamado.

¿Cuánto exigía Vulcan y por qué?

El proceso se llevó a cabo al amparo del TLCAN (vigente al momento de iniciarse la disputa) hoy Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Vulcan argumentaba que, entre enero de 2018 y 2022, autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron la operación de sus proyectos de extracción de piedra caliza en Quintana Roo, realizados a través de CALICA.

De acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso, la empresa reclamaba una indemnización de mil 529 millones de dólares, más intereses y gastos.

Los antecedentes: cierre de CALICA y área protegida

El conflicto entre el gobierno mexicano y la minera se remonta a años atrás. Según información publicada por distintos medios, en mayo de 2022 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ordenó la suspensión de las actividades de extracción de piedra caliza de CALICA en Puerto Venado, Quintana Roo, al acusar a la compañía de daños ambientales y de operar fuera de los permisos concedidos. Posteriormente, la Semarnat determinó el cierre total de la planta, y el gobierno federal ocupó los terrenos de la empresa con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Vulcan rechazó las acusaciones y sostuvo que las medidas del Estado mexicano vulneraron sus derechos como inversionista extranjero.

El conflicto escaló en septiembre de 2024, cuando el gobierno mexicano declaró Área Natural Protegida una superficie de más de 53 mil hectáreas que incluía la cantera y la terminal portuaria de la empresa. De acuerdo con reportes, la compañía calificó esa decisión como una expropiación de hecho y anunció que la impugnaría.

La postura oficial de México

Tras conocerse el fallo, la Secretaría de Economía, actualmente encabezada por Marcelo Ebrard, señaló que el Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales a su alcance.

La dependencia refrendó su compromiso con la inversión extranjera que —según su comunicado— “trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”, así como con el respeto a los tratados internacionales como base de la certidumbre jurídica.

Lo que falta por definir

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el Estado mexicano interpondrá algún recurso adicional respecto a la única medida que sí fue reconocida por el tribunal, ni el monto exacto de la indemnización correspondiente a esa fracción del caso.