Karim Khan, el fiscal que desafió a Israel y acabó destituido por conducta sexual indebida

Imane Rachidi

La Haya, 24 jul (EFE).- La destitución de Karim Khan este viernes pone fin al mandato del fiscal que llevó por primera vez a la Corte Penal Internacional (CPI) contra dirigentes de Israel y Rusia, y cuya trayectoria terminó marcada por una investigación por presunta conducta sexual indebida con una empleada, acusaciones que él siempre atribuyó a una campaña para apartarlo.

Khan llegó a la Fiscalía de la CPI en 2021 con el prestigio de uno de los juristas internacionales más reconocidos y cinco años después deja oficialmente el cargo tras una destitución sin precedentes para el tribunal, con una trayectoria marcada tanto por sus decisiones como por un procedimiento disciplinario que dividió a los Estados miembros.

Nacido en Escocia en 1970 e hijo de inmigrantes paquistaníes establecidos en Reino Unido, desarrolló gran parte de su carrera en la justicia penal internacional.

En la sala de audiencias, ha centrado la atención con una oratoria elaborada y teatral, y una memoria poco común, hablando sin notas, con argumentos complejos en un inglés cuidado y clásico, marcado por referencias históricas, religiosas y literarias.

Trabajó en los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda y ejerció como abogado defensor en algunos de los casos más sonados, representando, entre otros, al expresidente liberiano Charles Taylor, al exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba y a Saif al Islam Gadafi, hijo del fallecido líder libio Muamar al Gadafi.

Antes de la CPI, dirigió el Equipo de Investigación de Naciones Unidas para los Crímenes del Estado Islámico (UNITAD), encargado de recopilar pruebas sobre las atrocidades del grupo yihadista en Irak.

En febrero de 2021, y pese a no figurar entre los favoritos al inicio del proceso, logró reunir el respaldo de países de distintas regiones para ser elegido fiscal jefe de la CPI para un mandato de nueve años, sucediendo a la gambiana Fatou Bensouda, de quien heredó investigaciones delicadas como la de Afganistán y Palestina.

Pero durante su mandato abrió una de las etapas más activas de la Corte tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que desembocó en la orden de arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por deportación ilegal de menores ucranianos.

Sin embargo, fue la guerra en Gaza la que terminó convirtiéndolo en la figura más conocida de la institución, cuando en mayo de 2024 solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios dirigentes de Hamás, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La decisión desencadenó una fuerte reacción de Israel y Estados Unidos, y la Administración de Donald Trump impuso sanciones contra Khan y otros jueces y fiscales de la Corte.

El último episodio tuvo lugar la semana pasada, con el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de una campaña diplomática para "desmantelar" la CPI y presionar a otros países para que abandonen el organismo.

El caso sobre Palestina, sin embargo, no depende de la continuidad de Khan al frente de la Fiscalía. La investigación en sí fue abierta por su predecesora, Fatou Bensouda, y las órdenes de arresto son emitidas por los jueces - el tribunal - tras examinar pruebas presentadas por la Fiscalía, por lo que la destitución de Khan no altera el curso del caso ni las decisiones ya adoptadas.

Lo que acabó con la carrera de Khan fue un procedimiento disciplinario por presunta conducta sexual inadecuada (una relación indebida para el cargo que ocupa) con una empleada bajo su supervisión: las acusaciones fueron investigadas por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS), mientras él aseguraba que había una campaña para apartarlo del cargo por sus decisiones judiciales.

Casi dos años de investigaciones han dejado un expediente lleno de claroscuros, con discrepancias sobre las pruebas reunidas en un proceso confidencial.

Un resumen confidencial del dictamen del panel, al que ha tenido acceso EFE, refleja un panorama complejo: los distintos órganos que han intervenido en el procedimiento no han llegado exactamente a la misma conclusión.

El panel concluye por unanimidad que el material reunido por la OIOS no permite acreditar una conducta indebida con el estándar jurídico exigido "más allá de toda duda razonable", aunque precisa que esa conclusión no significa que las acusaciones fueran falsas, sino únicamente que el material reunido no permitía alcanzar ese umbral probatorio.

Finalmente, los Estados miembros decidieron cesarlo, poniendo fin de forma anticipada a un mandato que debía prolongarse hasta 2030.

Su salida cierra una de las mayores crisis institucionales que ha vivido la CPI desde su creación en 2002, pero no modifica el rumbo de las investigaciones que impulsó, que continuarán bajo la dirección de la Fiscalía interina y la supervisión de los jueces del tribunal. EFE

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