Ginebra, 23 jul (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha urgido a las autoridades peruanas a informarle antes del 24 de septiembre sobre cómo se están aplicando las recomendaciones que en 2023 emitió sobre el caso del expresidente Pedro Castillo, en las que pidió garantías de proceso justo para el antiguo mandatario.
En una misiva dirigida a Perú el 29 de junio pero hecha pública este jueves, la jurista Yvonne Donders, relatora especial del comité para el seguimiento de las observaciones que éste lleva a cabo en sus informes, recuerda las que emitió el grupo de expertos en torno al caso Castillo y señala que las autoridades peruanas no han respondido a su petición previa de información sobre su cumplimiento.
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Originalmente el comité de expertos daba a Perú hasta el 24 de marzo, pero una vez superada esa fecha ha decidido ampliar el plazo hasta el mencionado 24 de septiembre, según la misiva dirigida al representante permanente de la misión de Perú ante la ONU en Ginebra, Elmer Schialer.
"El comité confía en mantener su diálogo constructivo con el Estado parte sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", concluye la misiva.
En el punto 37 de su informe de observaciones de 2023, el comité pidió a Perú que el proceso de Castillo se llevara a cabo de acuerdo a las garantías propias del derecho a un juicio justo.
También recomendaba "velar por que el proceso de vacancia presidencial se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo".
La misiva coincide con la reciente publicación de una opinión por parte de otro comité de expertos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que consideró que la detención de Castillo tras su intento de autogolpe fue "arbitraria", por lo que recomendaron su liberación inmediata.
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Este miércoles, 22 de julio, la Corte Suprema de Perú confirmó la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses contra Castillo, quien ya cumple una condena de 11 años y 5 meses por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Castillo se encuentra investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión mientras ejerció de mandatario del país entre 2021 y 2022, motivo por el que tiene vigente una orden de prisión preventiva, aparte de la condena ya impuesta.
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El exmandatario está detenido en la prisión de Barbadillo, conocida como "el penal de los presidentes", pues también se encuentran en este centro penitenciario Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2020). EFE